- La UIF bloqueó las cuentas bancarias de la inmobiliaria señalada como cómplice en el presunto fraude de 3 mil 142 millones de pesos que se imputa a Silvano Aureoles.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de la inmobiliaria señalada como cómplice en el presunto fraude de 3 mil 142 millones de pesos que se imputa al ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y otros ex funcionarios.
Sin embargo, un juez federal concedió una suspensión provisional para detener el bloqueo, con base en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia vigente desde 2019, reforzada por sentencias que el máximo tribunal dictó en 2024.
La empresa en cuestión, Inmobiliaria DYF, acordó en noviembre pasado reparar un daño de 970 millones de pesos al gobierno de Michoacán, a cambio de inmunidad para sus accionistas.
No está claro si el bloqueo de la UIF afectaría la aplicación de ese acuerdo, que aún no se había concretado con el pago por parte de la inmobiliaria.
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Joaquín Martínez del Campo, uno de los dueños de DYF, fue quien promovió el 25 de marzo el amparo contra la inclusión de la empresa en la lista de personas bloqueadas de la UIF.
Germán Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió el 1 de abril el amparo y concedió la suspensión provisional.
El 10 de abril, el juez decidirá si otorga la suspensión definitiva, lo que es probable, ya que la jurisprudencia de la Corte sólo permite estos bloqueos cuando derivan de una solicitud de colaboración internacional.
En 2016, DYF fue contratada por adjudicación directa por el gobierno de Michoacán para rentar los inmuebles para siete cuarteles de seguridad pública, pese a que no era dueña de los terrenos.
De acuerdo con documentos judiciales, el 31 de enero de 2023 la UIF denunció ante la FGR por “lavado” de dinero a ocho personas físicas y a las empresas Inmobiliaria DYF, Fomento de Negocios del Centro y Promotora y Fomento de Negocios del Centro.
No obstante, la FGR no solicitó la aprehensión de Ricardo y Joaquín Martínez del Campo, ni del representante legal de las empresas, Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand, porque ya habían firmado el acuerdo para reparar el daño al gobierno estatal.
El ex gobernador Aureoles está prófugo por este asunto, mientras que el 7 de marzo un juez vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de su administración, incluidos sus secretarios de Finanzas y de Seguridad Pública, por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y “lavado” de dinero.
