- Fiscalía activa búsqueda internacional de localización de los ciudadanos Rubens Ricardo Franz y Lito Porto Porto, líderes de la Confederación Masónica Interamericana.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- Un operativo inesperado por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo marcó el inicio de una investigación que podría develar una red de corrupción al interior de la masonería mexicana. En el marco de un encuentro masónico celebrado en esta ciudad, agentes ministeriales irrumpieron en el lugar para entregar notificaciones a los ciudadanos Rubens Ricardo Franz y Lito Porto Porto, líderes de la Confederación Masónica Interamericana (CMI), solicitándoles comparecer al día siguiente acompañados de sus representantes legales.
La diligencia buscaba dar respuesta a denuncias presentadas por un grupo de masones, quienes acusan a los referidos personajes de haber tejido una estructura paralela de poder dentro de la institución, presuntamente dedicada a la extorsión, amenazas, abuso de autoridad y coacción. Sin embargo, lo que siguió fue una maniobra que ha sido interpretada por las autoridades como una fuga organizada.
Según testimonios presentados ante la Fiscalía, la madrugada del viernes 4 de abril, ocho vehículos salieron del hotel Emporio en dirección a la frontera con Belice. En el convoy viajaban los dos señalados, quienes, de acuerdo con el testimonio de uno de los conductores, cruzaron a Corozal alrededor de las 6 de la mañana ocultos en compartimientos de los automóviles. Desde allí, iniciaron rutas separadas: uno con destino final en Colombia y el otro hacia Brasil, vía Panamá y Bogotá.
El testigo también implicó como coordinador del escape a Jorge Narciso Pérez Catzin, quien se presenta como Gran Maestro de Quintana Roo, y cuya profesión conocida es la de taxista. Además, se señala la participación del abogado Rafael Peña Bribiezcas como asesor jurídico del plan, aunque su rol ha sido descrito en la carpeta de investigación como negligente e imprudente.
La Fiscalía ha informado que, ante la negativa de comparecencia, los delitos señalados contra los dos prófugos —en particular el de extorsión— ya se encuentran formalmente acreditados y, al tratarse de ilícitos que se persiguen de oficio, se ha solicitado la emisión de fichas rojas a la Interpol y alertas migratorias en diversas naciones de Centro y Sudamérica.
En contraste, los masones denunciantes se presentaron puntualmente ante el Ministerio Público. A las afueras de la sede judicial, grupos de miembros de distintas logias realizaron manifestaciones exigiendo justicia y señalando que la masonería no debe ser refugio de quienes incurren en actos ilícitos.
La Fiscalía ha confirmado que la investigación se ha ampliado. Actualmente, también se indaga a Lictor Enrique Reyna, señalado como posible sucesor en la red de influencia de Rubens y Lito. Documentos en revisión apuntan a movimientos financieros irregulares, posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de estructuras offshore. Asimismo, se investiga al Gran Maestro de Zacatecas, Óscar Gabriel Campos Campos, quien ha sido mencionado en varios testimonios como presunto beneficiario de las operaciones denunciadas.
En medio de la crisis institucional, varias Grandes Logias del país han expresado su intención de retirarse de la CMI, argumentando que no desean mantenerse afiliadas a una estructura contaminada por intereses personales y presuntas redes delictivas.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas y ha reiterado que el caso se mantiene abierto, bajo la premisa de que ninguna investidura institucional, sea religiosa, civil o fraternal, puede estar por encima de la ley. La masonería mexicana, afirman desde los grupos inconformes, enfrenta hoy un momento de definición entre el silencio cómplice o la reconstrucción ética.
