- De acuerdo con la información oficial, al menos cinco entidades federativas cuentan con leyes específicas que regulan la impartición de justicia indígena.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, diversos estados han promulgado leyes específicas para reconocer y regular la justicia indígena, lo que ha permitido a comunidades originarias ejercer sus sistemas normativos propios en la resolución de conflictos internos. Esta práctica está respaldada por el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía.
De acuerdo con la información oficial, al menos cinco entidades federativas cuentan con leyes específicas que regulan esta forma de impartición de justicia. Quintana Roo fue el primer estado en legislar al respecto, con la promulgación en 1997 de la Ley de Justicia Indígena, dirigida especialmente a las comunidades mayas de la región.
San Luis Potosí adoptó en 2017 la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria, con el objetivo de integrar los sistemas normativos indígenas en la resolución de controversias internas, respetando las prácticas tradicionales de los pueblos originarios. Por su parte, Michoacán promulgó en 2007 una ley que regula la administración de justicia indígena, principalmente en comunidades purépechas.
En Yucatán, opera el Sistema de Justicia Maya, el cual reconoce y regula los mecanismos tradicionales para la resolución de conflictos en comunidades mayas del estado. Zacatecas también ha establecido la Ley de Justicia Comunitaria, que permite a las comunidades indígenas aplicar sus normas propias en asuntos internos.
Además de estas leyes específicas, otros estados han incorporado disposiciones sobre justicia indígena en sus legislaciones en materia de derechos y cultura indígena. Entre las entidades que han dado este paso se encuentran Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Durango, Colima, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Baja California, Sinaloa y Aguascalientes.
Las normativas reconocen la pluralidad jurídica del país y buscan fortalecer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Las leyes permiten, en la mayoría de los casos, que estas comunidades resuelvan conflictos civiles, familiares o comunitarios de acuerdo con sus propios usos y costumbres, siempre que no contravengan los derechos humanos y las garantías individuales.
La legislación estatal en justicia indígena representa un paso importante en la integración de los sistemas normativos originarios dentro del marco jurídico nacional, al tiempo que fomenta el respeto a las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas de México.
