Zósimo Camacho
El viernes 25 de abril, a las 13:50 horas, murió Marco Antonio Suástegui Muñoz, campesino, lanchero, ambientalista, defensor del Río Papagayo, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). Ocho días antes, el 18 de abril, un sicario lo baleó en la playa Icacos, de Acapulco, justo cuando concluía su jornada como prestador de servicios turísticos.
Tres balazos impactaron hombro, costilla y abdomen; destrozaron su bazo, hígado, pulmón y colon. Sobrevivió una semana entre máquinas, diálisis y el acompañamiento solidario e indignado de movimientos sociales de todo el país, con la esperanza de que el curtido líder popular pudiera sobreponerse y posponer su muerte. No fue así.
Marco Antonio murió sin encontrar a su hermano Vicente, desaparecido desde el 5 de agosto de 2021 mientras manejaba su taxi en la colonia Ciudad Renacimiento: dos pérdidas que dibujan el mapa de impunidad en Guerrero, un estado donde defender la tierra, el agua o simplemente sobrevivir, es un acto de resistencia.
El crimen ocurrió en un lugar simbólico. Icacos es más que una playa turística; es el territorio donde Suástegui, también líder de Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi), libraba una nueva batalla. Desde marzo, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) impulsaba allí un proyecto de “reconstrucción”, luego de los destrozos causados por el huracán Otis (octubre de 2023), que amenazaba con desplazar a los trabajadores informales.
El 4 de marzo, en una reunión tensa con mandos de la Secretaría Marina (Semar) y directivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Marco Antonio había advertido que la Semana Santa no sería prueba de fuego, sino de ácido. No sabía que el “ácido” le llegaría en forma de plomo, en Viernes Santo, mientras las autoridades desplegaban operativos de seguridad… sin lograr evitar el ataque ni garantizar el socorro de una ambulancia. Sus compañeros lo llevaron al hospital en la batea de una camioneta.
La Parota: la lucha que lo definió
Conocí a Marco Antonio Suástegui Muñoz un domingo, en Agua Caliente, territorio de Cacahuatepec, Guerrero. Era el más joven de los liderazgos en el templete. Lo distinguía su playera y sombrero negros. Pero, sobre todo, su elocuencia y autoridad moral, aquella que se gana con la coherencia entre lo que se dice y se hace. Era 16 de abril de 2006.
Luego de arengar a los cientos de campesinos que recibían a una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el marco de La Otra Campaña, cedió el micrófono al entonces subcomandante insurgente Marcos. El discurso de Suástegui confirmó la hermandad de las luchas de Guerrero y Chiapas y había provocado que, entre vítores, los campesinos desenfundaran sus machetes y los levantaran en señal de que estaban dispuestos a luchar y ofrendar su vida por el respeto a su territorio.
Agitado por las palabras de Marco Antonio, el subcomandante Marcos asentó: “Según en nuestro pensamiento, como indígenas mayas que somos, la geografía está cambiada y el Río Papagayo corre también por las montañas del sureste mexicano; por eso queremos avisarle a Vicente Fox y a su brazo amarillo y negro, que es Zeferino Torreblanca: si el Ejército ataca estas tierras, tendrá que atacar también las montañas del sureste mexicano. En palabras sencillas, que son las nuestras, es nuestro compromiso: la presa sólo podrán hacerla con una guerra en el sureste mexicano”.
La asamblea campesina estalló en júbilo. Festejó la promesa y alianza. Se gritaron vivas al EZLN y al Cecop.
Marco Antonio fue uno de los mayores liderazgos de la resistencia contra el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentó imponer por dos décadas mediante asambleas amañadas, dádivas y persecución judicial. Él y el Cecop lograron en 2017 la suspensión definitiva del proyecto, que hubiera desplazado a 30 mil campesinos y despojado a 50 mil más. Pero sabía que la suspensión no era cancelación: “Falta el decreto definitivo”, insistió en julio de 2023, durante el 21 aniversario de la organización.
Su lucha no fue sólo de protesta. Tras los huracanes Ingrid (2013), Otis (2023) y John (2024), se organizó con las comunidades para censar damnificados, recuperar cosechas y promover la agroecología. “La nueva misión es combatir el cambio climático”, declaró. Para él, la defensa del territorio era inseparable de la justicia social.
Marco Antonio fue encarcelado tres veces (2005, 2014, 2018), durante los gobiernos de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, incluida una estancia en el penal federal de Nayarit, “la cárcel del destierro”, donde intentaron romper su lucha.
La desaparición de Vicente Suástegui y el asesinato de Marco Antonio son eslabones de una cadena que incluye a los 43 de Ayotzinapa (2014) y a la masacre de Aguas Blancas, cometida contra integrantes inermes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (1995), por mencionar apenas un par de casos. Y a nivel nacional, se suman a los casos de Bety Cariño Trujillo (Oaxaca, 2010) y Samir Flores Soberanes (2019), líderes indígenas defensores de la propiedad comunal de la tierra, la naturaleza y opositores a grandes proyectos de destrucción ambiental.
La pregunta es inevitable: ¿Quién mató a Marco Antonio? ¿Fue por su oposición a la presa La Parota, un proyecto suspendido, pero no cancelado? ¿Por negarse a callar? ¿Por mantenerse siempre crítico? ¿A quién le estorbaba? ¿Qué viene para Guerrero? Y es que no “falleció”, lo asesinaron.
Hoy, su lucha sigue en las playas de Icacos, en la comunidad agraria de Cacahuatepec y en cada tierra defendida. Como él dijo: “La Parota no se cancela con un papel, se cancela con organización”. Quien haya ordenado el crimen, deberá saber que la defensa del territorio y del río Papagayo no se detendrá. Por el contrario, se avivará con el ejemplo de quien murió como vivió: luchando, resistiendo.
