- El Programa de Desarrollo Urbano (PDU) municipal 2022 recibió un nuevo golpe legal, ya que un juez federal otorgó un segundo amparo señalando irregularidades en su proceso de consulta y aprobación.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El Programa de Desarrollo Urbano (PDU) municipal 2022 recibió un nuevo golpe legal, ya que un juez federal otorgó un segundo amparo señalando irregularidades en su proceso de consulta y aprobación, así como posibles afectaciones al medio ambiente.
El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo determinó que el proceso de aprobación del PDU estuvo plagado de omisiones y vicios que justifican su suspensión.
Entre los argumentos presentados, los promoventes señalaron la falta de un Atlas de Riesgos y un Plan de Movilidad previo al inicio del proceso, lo que incumple con normativas esenciales.
Es decir, de acuerdo con lo expuesto por los promoventes del amparo, en primer lugar hay una omisión por parte del Congreso al no exigir al municipio contar con su Atlas de Riesgos y Plan de Movilidad, previo a iniciar el proceso para la elaboración del PDU.
De acuerdo con el amparo, los ciudadanos denunciaron omisión legislativa del Congreso estatal, el Ayuntamiento de Benito Juárez y su Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, al no garantizar procesos adecuados.
También irregularidades en el Ayuntamiento, como la falta de respuesta a observaciones ciudadanas y la utilización de documentos distintos a los presentados en los foros públicos.
Expusieron un dictamen cuestionable de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), que avaló un PDU con serias deficiencias.
Antonella Vázquez, representante de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), destacó que uno de los puntos más controvertidos es la creación de 11 polígonos de actuación, cuando en los foros ciudadanos se presentaron sólo ocho.
Entre los más polémicos figura Pok Ta Pok, ubicado en la Zona Hotelera, donde el cambio de uso de suelo permitiría la construcción de hasta mil 200 residencias, afectando un campo de golf y posiblemente el equilibrio ambiental de la zona.
Lo anterior, argumentan, además de violar el proceso por las diferencias entre lo hecho público y lo analizado en privado, también implica riesgos ambientales y sociales, pues los cambios se hacen sin estudios ambientales, en zonas que ya presentan una densificación poblacional importante.
Ayuntamiento responde
Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento, declaró que, si bien se ha emitido un fallo judicial, aún no es definitivo y se están explorando opciones legales, siendo la opción más probable introducir un recurso de revisión, como se hizo con el amparo del 2023.
“De los señalamientos sobre el proceso, es algo que nos causa algo de extrañeza porque efectivamente se llevaron al cabo las consultas aquí mismo en la entrada del Palacio Municipal, pero estamos en revisión”, expresó.
Adelantó que el Ayuntamiento ya trabaja en la planeación de una nueva actualización del PDU, la cual buscará involucrar a organizaciones locales, nacionales e internacionales, como ONU-Hábitat, para garantizar un proceso más transparente y completo.
Mientras tanto, el síndico municipal, Miguel Ángel Zenteno Cortés, aseguró que el Ayuntamiento seguirá operando con base en el PDU de 2018 para licencias y permisos, en tanto se define la situación legal del programa de 2022 o se inicia el proceso de actualización, programado para 2026.
