- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: del SAT a la Corte, entre jurisprudencia progresista y controversias fiscales.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha sido una figura clave del aparato jurídico mexicano en los últimos 20 años.
Con una formación que cruza de la UNAM a Harvard, y una carrera que combina la técnica fiscal con una interpretación constitucional de vanguardia, este ministro ha dejado huella tanto en la administración pública como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy, sin embargo, su trayectoria se ve empañada por cuestionamientos desde el Ejecutivo federal que insinúan un posible conflicto de interés.
Gutiérrez Ortiz Mena comenzó su carrera pública en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde entre 2003 y 2012 ocupó cargos clave hasta convertirse en su titular. Su paso por el SAT fue transformador: impulsó la generalización de la factura electrónica, creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior y endureció los controles sobre los grandes contribuyentes.
Estas reformas lo colocaron en el radar político como un operador eficaz del aparato fiscal.
En diciembre de 2012, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En el Máximo Tribunal se convirtió en una de las voces progresistas: promovió sentencias con enfoque de género, defendió el derecho al matrimonio igualitario, y sostuvo criterios para ampliar el acceso de las víctimas a la justicia.
También ha insistido en que el Poder Judicial no debe ser solo un árbitro técnico, sino un garante real de los derechos humanos.
Aunque muchas de sus posturas han sido aplaudidas por sectores progresistas, también ha protagonizado fallos que encendieron el debate.
En el Amparo en Revisión 1284/2015, fue ponente en una sentencia emblemática que obligó a las Fiscalías a investigar feminicidios con perspectiva de género. Aunque el fallo fue reconocido por organismos de derechos humanos, sectores conservadores y ministeriales criticaron lo que consideraron “judicialización de criterios ideológicos”.
En la Acción de Inconstitucionalidad 50/2021, emitió un voto concurrente que, aunque coincidía con la mayoría, introdujo una interpretación alternativa sobre la protección de derechos fundamentales. Este matiz fue criticado por su ambigüedad jurídica.
Más recientemente, en medio del debate por la reforma judicial, presentó un proyecto que desafiaba las facultades del Tribunal Electoral para invalidar suspensiones dictadas por jueces de amparo.
Fue acusado por aliados del gobierno de “bloquear la transformación” y por otros juristas de actuar con independencia.
La polémica más reciente, sin embargo, trasciende lo doctrinal. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un dardo directo, aunque sin mencionar su nombre, acusando a un ministro de promover una resolución que beneficiaría a tres grandes contribuyentes con devoluciones fiscales con intereses.
Aseguró que dichos pagos se realizaron cuando ese mismo ministro era titular del SAT. Todos los caminos apuntan a Gutiérrez Ortiz Mena.
“El que promovió esos pagos ahora quiere que se le regresen con intereses. Eso es ilegal”, dijo Sheinbaum, en referencia al caso que ya se discute en la Corte. Si bien el ministro no sería beneficiario directo, el hecho de haber tenido responsabilidad administrativa sobre dichos recursos, y ahora opinar sobre su devolución, plantea un delicado dilema ético.
Gutiérrez Ortiz Mena no ha emitido declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, en octubre de 2024 presentó su renuncia anticipada a la Suprema Corte, efectiva para agosto de 2025.
Alegó que no se considera apto para participar en procesos de elección popular de jueces, como plantea la reforma judicial promovida por el oficialismo.
Su salida de la Corte podría ser vista como un cierre de ciclo profesional o como una retirada estratégica ante la creciente presión política.
Sea como sea, el legado de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena oscila entre el respeto institucional que se ganó en tribunales y las sospechas que ahora se ciernen sobre su imparcialidad.
En el México actual, donde la frontera entre justicia y poder se vuelve cada vez más tenue, su caso ilustra con claridad los riesgos de un sistema que aún no resuelve del todo a quién debe rendir cuentas: ¿a la ley, al pueblo o al poder?
