- Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, está prófugo de la justicia.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal negó a Silvano Aureoles Conejo el amparo contra la orden de aprehensión por el caso de los contratos de siete estaciones de Policía que ocasionaron un daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos.
Jovita Vargas Alarcón, jueza novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, negó la protección de la justicia al exgobernador de Michoacán porque consideró que el mandato de captura cumple con todas las formalidades legales y no viola ningún derecho constitucional.
“De los datos de prueba que fueron ponderados adecuadamente por la responsable en la orden de aprehensión reclamada, se obtienen indicios incriminatorios razonables en contra de la aquí parte impetrante que, al ser concatenados de manera natural y lógica, son suficientes en este estadio procesal para acreditar que probablemente cometió los hechos que la ley tipifica como delitos”, sentenció la juzgadora.
“Si la orden de aprehensión se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos en los artículos 16, párrafo tercero, de la Constitución, con base en esa normatividad, resulta obvio que no se transgrede sus derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución ni, por ende, los tratados en los que igualmente se le reconocen”.
Aureoles es prófugo de la justicia desde el pasado 27 de febrero, cuando la jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ordenó su captura por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La imputación en la que se basa ese mandato judicial es haber participado de 2016 a 2017 en la contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Las estaciones de la Policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF.
Según la Fiscalía General de la República, en estos contratos se desviaron recursos del erario; se pagaron sobreprecios; las obras fueron construidas sin proyectos ejecutivos; y la empresa contratista no era propietaria de los inmuebles cuando le adjudicaron las obras, entre otras supuestas irregularidades.
Dentro de este amparo, el mes pasado la jueza Vargas le concedió al exmandatario una suspensión definitiva que impedía su captura por tiempo indefinido, pero después le retiró esa protección judicial porque estaba sujeta a algunas condiciones como comparecer en 5 días a la audiencia de imputación y no lo hizo.
Debido a este incumplimiento, la juzgadora reactivó la orden de aprehensión, pero Aureoles promovió un nuevo amparo ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal y frenó nuevamente su captura en forma temporal.
