¿Adiós a los cultivos de amapola?

Fecha:

José Réyez

La transformación del mercado mundial de opioides, la expansión de las drogas sintéticas y la pobreza rural revelan los límites de una política antidrogas que sigue midiendo sus resultados en hectáreas destruidas.

Hay un dato que debería obligar a revisar el discurso oficial sobre el combate al narcotráfico: México redujo considerablemente la superficie destinada al cultivo de amapola, pero esa disminución no puede interpretarse, sin mayores

elementos, como una derrota de las organizaciones criminales.

El informe de la UNODC correspondiente a los ciclos 2022-2023 y 2023-2024 registra una reducción de 27.65 por ciento en la superficie estimada de amapola, al pasar de 11 mil 95 a 8 mil 28 hectáreas.

- Anuncio -

La producción potencial de goma de opio seco disminuyó todavía más: de 166.31 toneladas a 105.64 toneladas, una contracción de 36.48 por ciento. Se trata de cifras importantes. Sin embargo, el propio documento advierte que existen factores metodológicos, climáticos y económicos que impiden atribuir el descenso a una sola causa.

En consecuencia, presentar estos resultados como una victoria definitiva del Estado sobre el narcotráfico sería una conclusión apresurada. La disminución de un cultivo no significa necesariamente la desaparición de las redes de producción, distribución y comercialización de drogas. Mucho menos demuestra que hayan cambiado las condiciones sociales que hicieron posible su expansión.

La cuestión debe analizarse desde una perspectiva más amplia: la economía política del narcotráfico, las transformaciones del capitalismo contemporáneo, la dependencia de los mercados internacionales y la persistencia de la desigualdad en el campo mexicano.

Según los datos citados por la UNODC, el número de personas que consumieron opioides con fines no médicos pasó de aproximadamente 60 millones en 2022 a 61 millones en 2023. Esta contradicción es fundamental. La demanda continúa, pero cambia la naturaleza de la mercancía que abastece el mercado.

Desde una interpretación materialista, estamos ante una reorganización de las condiciones de producción y circulación de una mercancía ilegal que responde a los mismos principios de rentabilidad que operan en otros sectores de la economía capitalista.

Las organizaciones criminales no tienen compromiso alguno con la conservación de una determinada actividad productiva. Su objetivo es obtener ganancias. Si una mercancía deja de ofrecer los márgenes de rentabilidad esperados, buscan sustituirla por otra que permita reducir costos, acelerar la producción y facilitar el transporte.

El informe identifica precisamente esas ventajas de los opioides sintéticos: no dependen de ciclos agrícolas, condiciones climáticas ni extensiones territoriales de cultivo. La consecuencia es evidente: la economía criminal puede prescindir parcialmente del campesino cultivador de amapola sin que por ello desaparezca el negocio de los opioides.

El campesinado, atrapado entre la pobreza y la economía criminal

Aquí aparece uno de los problemas estructurales que la política antidrogas mexicana no ha conseguido resolver. La amapola no puede explicarse exclusivamente como un problema de seguridad pública. Su cultivo está relacionado con las condiciones materiales de las comunidades rurales, particularmente en regiones serranas de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

El campesino que participa en esta actividad no necesariamente controla la comercialización ni obtiene las mayores ganancias. Se encuentra en el eslabón más débil de una cadena cuyo poder económico se concentra en quienes controlan el financiamiento, la compra, el transporte y la distribución.

Esta situación obliga a distinguir entre los pequeños productores y las organizaciones que controlan el negocio. Confundirlos bajo una misma categoría impide comprender las relaciones económicas y sociales que sostienen el fenómeno.

El informe reconoce la importancia de los programas de desarrollo alternativo. Particularmente, menciona Sembrando Vida, cuya cobertura entre 2022 y 2024 alcanzó comunidades de entidades con antecedentes de cultivo de amapola. Para 2024, Guerrero registraba más de 35 mil beneficiarios en 71 municipios; Sinaloa, más de 9 mil, y Nayarit, cerca de 5 mil.

La evaluación de Coneval citada por el documento encontró experiencias locales de transición hacia actividades agrícolas legales. Incluso refiere un caso en el que la transferencia económica del programa contribuyó a compensar la pérdida de ingresos derivada del abandono de la amapola.

Este dato merece atención porque demuestra que existen alternativas distintas a la persecución y la destrucción de plantíos. El problema de fondo es que el campesinado mexicano continúa subordinado a una estructura económica que concentra la riqueza y distribuye desigualmente las oportunidades. Mientras sembrar productos legales represente una actividad de baja rentabilidad y alto riesgo económico, la economía clandestina conservará espacios de reproducción.

La sequía también explica la reducción. El informe incorpora otro elemento que no puede ignorarse: las condiciones meteorológicas. De acuerdo con Conagua, 2023 fue el año más cálido en dos décadas, con una temperatura promedio 1.3 grados centígrados superior al periodo de referencia 1991-2020. La precipitación anual fue 21.1 por ciento inferior al promedio histórico.

Al 30 de septiembre de 2023, casi 75 por ciento del territorio nacional presentaba algún grado de sequía, desde moderada hasta excepcional. Guerrero, Chihuahua, Durango y Sinaloa experimentaron condiciones particularmente adversas. En las regiones serranas, la falta de agua y la reducción de la humedad del suelo afectaron las condiciones de desarrollo de los cultivos. Por tanto, el descenso registrado no puede atribuirse exclusivamente a las acciones gubernamentales. La naturaleza también intervino en el resultado.

Las cifras de erradicación y sus contradicciones

Otro indicador significativo es la evolución de las operaciones de destrucción de plantíos. Según los datos de la Fiscalía General de la República, en 2017 se destruyeron 29 mil 824 hectáreas de amapola. Para 2019, la cifra descendió a 11 mil 844 hectáreas y continuó reduciéndose hasta alcanzar 9 mil 87 hectáreas

en 2024. Entre 2022 y 2024, la superficie destruida pasó de 11 mil 398 a 9 mil 87 hectáreas. La tendencia es clara: también disminuyeron las operaciones de erradicación.

Pero aquí surge una pregunta: ¿se destruyen menos plantíos porque existen menos cultivos o porque disminuyó la superficie que las autoridades localizan y destruyen? La información disponible no permite responder de manera concluyente. Ambos fenómenos pueden coexistir.

También llaman la atención los aseguramientos. En 2024 se decomisaron 306 kilogramos de goma de opio, frente a 62 kilogramos en 2023. El aseguramiento de heroína sólida pasó de 73 a 126 kilogramos en esos mismos años. Es decir, mientras disminuyó la superficie estimada de amapola y la producción potencial, aumentaron los aseguramientos de algunos de sus derivados.

El propio informe precisa que los datos de erradicación y aseguramientos proceden de registros del Gobierno mexicano y no fueron verificados por la UNODC. La conclusión es que no podemos medir el éxito de una política antidrogas exclusivamente por el número de hectáreas destruidas, los kilogramos decomisados o la cantidad de plantíos localizados. Es indispensable conocer qué sucede con las organizaciones que financian y controlan la actividad, sus redes de distribución, sus mecanismos de lavado de dinero y sus relaciones con otros sectores de la economía.

El documento de Naciones Unidas contiene una advertencia particularmente importante. Para el ciclo 2022-2023 se utilizaron 300 celdas de muestreo de 10 por 10 kilómetros. En 2023-2024, el diseño cambió a 900 celdas de 5 por 5 kilómetros, con una actualización del mapa de riesgo y una mayor resolución espacial. La modificación buscó mejorar la representatividad de la muestra y la identificación de las zonas con mayor probabilidad de presencia de amapola. Sin embargo, también aumentó la incertidumbre relativa de la estimación: el coeficiente de variación pasó de 13.96 a 18.30 por ciento.

El intervalo de confianza de 95 por ciento para 2023-2024 fue de 5 mil 145 a 10 mil 911 hectáreas, frente a las 8 mil 28 hectáreas de la estimación puntual. El propio informe advierte que la reducción observada pudo estar influida por tres componentes que no pueden separarse con la evidencia disponible: una disminución real del cultivo, los efectos del nuevo diseño de muestreo y la menor cobertura de campo en la región sur debido al huracán Otis.

Aunque una simulación con la metodología anterior también encontró resultados congruentes con la tendencia descendente, los autores recomiendan mantener la misma cobertura de muestreo en futuros ciclos para confirmar si se

trata de un cambio estructural. Esta advertencia debe ser respetada. La rigurosidad científica exige reconocer tanto los resultados como sus límites. El verdadero problema está en la estructura económica.

Desde una perspectiva marxista, el narcotráfico no constituye una anomalía separada del sistema económico, sino una actividad que se desarrolla en sus contradicciones y aprovecha los espacios de acumulación que ofrecen determinados mercados.

La ilegalidad de una mercancía no elimina las relaciones económicas que intervienen en su producción, circulación y consumo. Existe una demanda internacional, una oferta organizada, capital que financia actividades productivas, fuerza de trabajo sometida a condiciones de riesgo, intermediarios y mecanismos de concentración de ganancias. La economía criminal reproduce relaciones de explotación y subordinación, aunque opere al margen de la legalidad.

Por ello, combatir sus manifestaciones sin modificar las condiciones que permiten su reproducción conduce a resultados parciales. México necesita fortalecer el desarrollo rural, garantizar ingresos dignos a los pequeños productores, ampliar la infraestructura en las regiones serranas y construir alternativas económicas sostenibles.

No se trata de justificar el narcotráfico ni de minimizar sus consecuencias sobre la sociedad. Se trata de comprender que ninguna política será suficiente si se limita a perseguir los efectos sin modificar las condiciones que permiten la reproducción del problema.

La amapola puede retroceder. El negocio de las drogas puede cambiar de mercancía. Lo que no puede seguir intacto es el modelo económico y social que convierte la necesidad de unos en la riqueza y el poder de otros.

- Anuncio -
Guardar esta Publicación

Compartir:

Suscríbete

Lo + Popular

Más como esto
Relacionado

Viernes 20 de noviembre del 2026

Conoce las noticias más importantes de Quintana Roo, México y el mundo en la edición de hoy.

Visitax: hijo del PAN, huérfano de Mayuli

Hay polítios con memoria de elefante y políticos con memoria de pez. Y luego está Mayuli Martínez Simón, que tiene memoria de turista en all inclusive.

Frenan venta de terrenos irregulares; suman 9 clausuras y multas millonarias 

Como parte de las acciones para frenar estas prácticas, también se han intervenido las oficinas de comercialización de algunos fraccionamientos irregulares.

Localizan a 18 mil personas en el último año; estrategia es a nivel nacional

De las búsquedas en territorio, mil 473 personas fueron ubicadas con vida y por la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, 280 personas fueron ubicadas sin vida.

Continuar leyendo ...
Relacionado