- Como parte de las acciones para despejar la vía pública, el Gobierno de la CDMX busca reformar la Ley de Cultura Cívica.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las acciones para despejar la vía pública, el Gobierno de la Ciudad de México busca reformar la Ley de Cultura Cívica para incrementar las sanciones a vienevienes que exijan, obliguen o coaccionen a los usuarios a pagar por cuidar, estacionar o lavar autos en espacios públicos.
También integrará un censo de franeleros con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para desalentar este tipo de cobro.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló ayer que la modificación legal considera una sanción de 36 horas de arresto inconmutable contra intimidadores.
“Ni las calles principales ni las secundarias ni las banquetas están hechas para el control privado de quienes se ostentan como cuidadores o que apartan lugares para estacionar los autos. Y, mucho menos, para cometer otros delitos vinculados a esta actividad”, aseguró.
Bajo la nueva legislación, que deberá aprobar el Congreso, los detenidos no podrán resarcir su falta con trabajo comunitario o el pago de una multa, que actualmente puede alcanzar mil 500 pesos, pero que los jueces cívicos suelen fijar sólo en 300 pesos.
La Mandataria remarcó que no buscan criminalizar ni erradicar esta práctica, siempre y cuando no haya un pago obligatorio.
“Si de manera voluntaria una persona da una propina, pues que sea eso: una propina; pero no que te obliguen a dar una cuota por cuidar tu auto”, aclaró.
La Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, señaló que los artículos a modificar son el 3, 28, 31 y 31, donde se conceptualiza concretamente qué se entiende por vía pública.
“Se establece que es todo el espacio que en el uso común se destina al tránsito de personas, peatones y vehículos; así como la prestación de servicios públicos e instalación de este tipo de infraestructura o mobiliario que afecte el tránsito en la lógica vehicular”, explicó.
La Secretaria del Trabajo, Inés González, añadió que también se creará un programa de atención integral a quienes ejercen dicha actividad, con la finalidad de acercarlos a trabajos formales e incluirlos en redes de economía social.
“(Será) a partir del Reglamento para los Trabajadores no Asalariados. La propuesta de política pública laboral es capacitación para que se puedan insertar al mercado laboral”, señaló la funcionaria.
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, agregó que este año han aumentado las remisiones de franeleros.
“A la fecha, de enero a junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha remitido al juzgado cívico a mil 447 personas; esto representa ya el 74 por ciento de todo lo que se remitió el año anterior”, dijo.