- Mientras se discute una ley para eliminar trabas administrativas, los emprendedores enfrentan un viacrucis de trámites, tiempos y costos que varían drásticamente según el estado donde decidan operar.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.— Iniciar un negocio en México es, para muchos, menos un salto emprendedor que una odisea burocrática. Aunque las ideas abundan y el talento no escasea, poner en marcha una empresa en el país implica en promedio ocho trámites que pueden extenderse por semanas, especialmente en entidades donde la burocracia parece más una muralla que un filtro.
Según datos oficiales del INEGI, el proceso de apertura empresarial puede tomar desde 14 hasta 81 días, dependiendo del estado. En la Ciudad de México, por ejemplo, se requieren hasta 13 trámites; en Cancún, Quintana Roo y Oaxaca, los emprendedores deben atravesar hasta nueve etapas distintas solo para obtener permisos y registros básicos.
El costo no es sólo económico, sino emocional y operativo: permisos de uso de suelo, licencias municipales, registros fiscales, inscripción ante el IMSS y ante el SIEM, entre otros, conforman el engorroso ritual inicial.
En contraste, estados como Aguascalientes, Nuevo León y el Estado de México han comenzado a destacarse por su eficiencia. Aguascalientes, en particular, ha sido reconocido por ofrecer un entorno ágil y amigable para la inversión de micro y pequeñas empresas, gracias a sistemas digitales y ventanillas únicas.
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Pero el impacto del exceso de trámites no es anecdótico. Entre 2019 y 2023, México vio nacer 1.7 millones de establecimientos, pero también presenció el cierre de 1.4 millones, de acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2023.
La pandemia jugó un papel determinante, pero la rigidez institucional no ha ayudado. Tan solo en los sectores de comercio y servicios, se concentró el mayor dinamismo… y también las mayores pérdidas.
Frente a esta realidad, el Senado discute la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Avalada en comisiones con votaciones divididas, la iniciativa —propuesta por el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum— busca implementar un Modelo Nacional de Simplificación, Digitalización y Atención Ciudadana.
Su objetivo es ambicioso: homologar trámites en todos los niveles de gobierno, reducir los costos administrativos y facilitar el nacimiento de nuevos negocios.
No obstante, la ley ha provocado un intenso debate político.
Mientras Morena, el PVEM y el PT defienden que se trata de una herramienta para combatir la corrupción y promover inversión, senadores del PAN, PRI y MC advierten sobre la centralización del poder en una sola Agencia Nacional, lo que, afirman, podría abrir la puerta a abusos, riesgos digitales y pérdida de controles democráticos.
A pesar del debate, la necesidad es clara. Los estados con más negocios —como el Estado de México, Veracruz, Puebla, CDMX y Jalisco— concentran más del 40% de los establecimientos del país.
En el otro extremo, entidades como Baja California Sur, Colima, Campeche y Quintana Roo apenas alcanzan entre 0.6% y 1.1% del total nacional. La desigualdad regulatoria es un obstáculo silencioso que perpetúa la desigualdad económica.
El panorama empresarial mexicano ha demostrado resiliencia, pero el sistema legal y administrativo no ha evolucionado al mismo ritmo. La burocracia sigue siendo un enemigo de la innovación.
Por eso, más allá de la ideología, la discusión de esta ley representa un momento clave: ¿seguirá México siendo un país donde emprender es un reto de resistencia o dará el salto hacia una administración pública funcional, accesible y moderna? La respuesta no está solo en las leyes, sino en su implementación y vigilancia.
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