- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de combate al lavado de dinero.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de combate al lavado de dinero.
Esta nueva ley facultará a la Secretaría de Hacienda para solicitar directamente y sin orden judicial información financiera y patrimonial de las personas a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y empresas públicas estatales.
Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y al Código Penal Federal, establece que serán consideradas actividades vulnerables en materia de lavado de dinero cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de una tarjeta de servicios o de crédito sea igual o superior a 91 mil pesos.
Tendrán la misma clasificación la comercialización o el abono de recursos en tarjetas prepagadas cuando el monto sea igual o superior a 72 mil 975 pesos por operación y cuando la emisión, comercialización o abono a instrumentos de almacenamiento de valor monetario iguale o supere los 72 mil 975 pesos por operación.
Tras fallas en el tablero de votación, que se mantuvo abierto por 22 minutos, Morena y sus aliados Partido Verde y PT avalaron la reforma impulsada por el senador Javier Corral, con 297 votos a favor, 37 en contra del PRI y 87 abstenciones del PAN y de Movimiento Ciudadano.
Los cambios dan a Hacienda la atribución de definir las condiciones y características bajo las cuales una persona será considerada Persona Políticamente Expuesta y amplía la lista de actividades vulnerables al incluir sectores como el inmobiliario, los fideicomisos, la comercialización de criptomonedas.
Establece que quienes realicen estas actividades deberán reportar a los beneficiarios finales y señala la obligación de dar aviso de operaciones sospechosas, no sólo las concluidas, sino las que se intenten y las que no se concreten.
Además, Hacienda podrá solicitar a las autoridades electorales federales y locales información sobre partidos políticos nacionales y estatales, partidos políticos, precandidatos y candidatos y a la Secretaría del Trabajo información de los sindicatos y de sus dirigentes.
La petista Mary Carmen Bernal dijo que la reforma es para evitar casos como los de los ex Gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Arturo Montiel, Guillermo Padres y Silvano Aureoles, así como el del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusados de lavado de dinero, asociación delictuosa y desvío de recursos públicos entre otros delitos.
Tras reconocer que el dinero sucio se ha filtrado en instituciones públicas, empresas, partidos políticos y hasta procesos electorales, afirmó que las modificaciones fortalecen la lucha contra el lavado de dinero y contra la corrupción y la impunidad.
La legisladora rechazó que la reforma esté pensada para perseguir al ciudadano común, ya que su fin es ir detrás de quienes lavan dinero producto de la violencia, el narcotráfico, la trata, el despojo y el saqueo de la nación. Sin embargo, dijo que su partido estará atento para evitar abusos en su implementación y que se criminalice sin sustento a sectores productivos.
Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez acusó que el narco se metió y operó desde la Presidencia con Alfonso Romo, dueño de Vector Casa de Bolsa, a la que el gobierno de Estados Unidos señaló por lavado de dinero.
El panista reprochó la aprobación de una modificación que permite el uso de datos personales sin control judicial, incluso —dijo— rompiendo el secreto bancario para acceder a cuentas bancarias.
Advirtió que su bancada no puede estar de acuerdo con la ambigua definición de Persona Políticamente Expuesta, porque con ello se abre la posibilidad a que sean investigadas todas aquellas personas que tengan relación con ella.
En tanto, Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, dijo que, si bien se trata de una reforma necesaria en un contexto de acusaciones en contra de instituciones como Vector Casa de Bolsa, un riesgo real es otorgar a Hacienda “acceso irrestricto y sin orden judicial a la información más sensible de los ciudadanos, lo que significará una vigilancia sin frenos”.
*Con información de Agencia Reforma
