Zósimo Camacho
El proceso de selección de jueces federales debería ser un ejemplo de transparencia y rigor ético. Sin embargo, el virtual triunfo de Irlanda Gabriela Pacheco Torres como candidata a jueza de distrito en materia penal por el Distrito 1 de Iztapalapa ha puesto en evidencia graves fisuras en el estrenado sistema. Su designación no sólo es cuestionable por su historial judicial, sino por los señalamientos de corrupción y vínculos con integrantes del crimen organizado, aspectos que debieron ser motivo de exclusión inmediata.
Pacheco Torres fue vinculada a proceso por fraude procesal y uso de documentos falsos, delitos que atentan directamente contra la administración de justicia. ¿Cómo llegó a las urnas alguien que aspira a un cargo de impartición de justicia con antecedentes de atentar precisamente contra la misma?
De acuerdo con el expediente judicial del caso –al que Luces del Siglo ha tenido acceso– la próxima jueza presentó un documento falso ante un juez para favorecer a un cliente, lo que demuestra una clara falta de solidez ética y moral, requisito indispensable para aspirar al cargo. Aunque logró un acuerdo mediante un mecanismo alternativo de solución –lo que implica que admitió su culpabilidad–, esto no borra el hecho de que incurrió en conductas reñidas con la ley.
El 15 de marzo de 2024 la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México instruyó que se vinculara a proceso a Irlanda Pacheco Torres, como probable responsable de los ilícitos de fraude procesal y uso de documento falso –previstos y sancionados en los artículos 310 y 339, respectivamente, del Código Penal de la Ciudad de México–. Para el día 22, el juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad dictó el auto de vinculación a proceso.
La solución alternativa, alcanzada en la audiencia del 12 de julio de 2024, le impuso tres condiciones a la inculpada: residir en un lugar determinado; presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; y abstenerse de llevar la representación de su coimputado, Juan Francisco Hernández Guerra, en cualquier materia. Además, pagar 50 mil pesos a la víctima de sus ilegalidades, como reparación del daño.
Es decir, Irlanda Pacheco Torres aceptó haber cometido el delito y llegó a una solución alternativa de sanción con, además, una suspensión procesal de seis meses.
Pero el escándalo no termina ahí. La triunfadora del proceso electoral del primero de junio pasado también ha sido señalada públicamente por su defensa de Luis Erick Barajas García, identificado como miembro de la organización criminal Unión Tepito. Lo grave aquí es que, al mismo tiempo que ejercía como abogada particular, ocupaba un cargo directivo en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), lo que constituye un conflicto de interés y una violación flagrante a la ley, pues los servidores públicos tienen prohibido actuar como litigantes en casos privados.
Varios documentos oficiales dan cuenta de que, en efecto, Irlanda Pacheco Torres defendió a Luis Erick Barajas García, apodado el Trompas. En uno de ellos, la abogada promueve el sobreseimiento de una audiencia en favor de Barajas. Estampa su firma debajo de la fecha del 19 de mayo pasado, es decir, en plena campaña electoral.
Lo grave no es el nombre del defendido ni las actividades que se le imputan, entre ellos, delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como señala la constancia de audiencia del 29 de octubre de 2024 de la causa penal 374/2024. Finalmente, todas las personas tienen derecho a una defensa justa. La irregularidad radica en que al mismo tiempo en que Pacheco Torres fungía como defensora de Barajas García, se desempeñaba como directora general de Evaluación de la ANAM.
Es decir, la funcionaria litigaba a favor de un particular y en contra de la Fiscalía General de la República.
Ante estos hechos, resulta inadmisible que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya avalado su candidatura sin una revisión exhaustiva. Y resulta más que sorprendente que el comité que la propuso fue el del propio ¡Poder Ejecutivo! Si el Poder Judicial pretende recuperar la confianza ciudadana, no puede permitir que personas con expedientes manchados por la corrupción y los vínculos criminales accedan a puestos clave en la impartición de justicia.
La impugnación contra su triunfo no es sólo un acto de rigor legal, sino una exigencia de limpieza en el sistema. México no necesita jueces con antecedentes de fraude o cercanía con el crimen organizado. La reforma al Poder Judicial estará en duda si se permiten en la nueva composición perfiles como los que abundaron en el viejo modelo. El fracaso habría sido rotundo.
