- El Gobierno federal reforzará la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Con nuevas medidas interinstitucionales, enfocadas en inteligencia, prevención y atención ciudadana, el Gobierno federal reforzará la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ante el avance de este delito en varias regiones del país.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias, se aplicarán acciones concretas para atacar esta problemática de manera estructural.
Durante la presentación del plan, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que se habilitará la línea telefónica 089 para canalizar denuncias anónimas por extorsión, como parte del Sistema Multifuente que consolida información de diferentes canales, incluyendo el 911. Esta base de datos permitirá mejorar la capacidad de reacción policial y la identificación de patrones delictivos.
La estrategia tendrá un enfoque territorial, priorizando a ocho entidades que concentran el 66% de las extorsiones reportadas en México: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En estas regiones, se fortalecerán las labores de inteligencia, se desplegarán más elementos de seguridad y se promoverán convenios con el sector privado para ampliar la prevención.
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Como parte de las acciones inmediatas, se capacitará a cajeros y personal de tiendas de autoservicio para identificar posibles casos de extorsión telefónica o digital. Asimismo, se impulsarán campañas de concientización para prevenir este delito entre consumidores y empleados.
A nivel institucional, se ha creado una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la SSPC y se ha propuesto una Coordinación Nacional Antiextorsiones para centralizar esfuerzos. La Guardia Nacional, ahora integrada completamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, también jugará un papel clave en la ejecución operativa de la estrategia.
En su intervención, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, subrayó la necesidad de homologar criterios y esfuerzos en el país, pese a que la extorsión es un delito del fuero común. Anunció que el próximo 1 de agosto convocará a todos los fiscales estatales para establecer un sistema nacional de levantamiento de denuncias y generar una base de datos pública sobre la incidencia delictiva.
La estrategia incluye además un componente de atención a las causas estructurales del delito, como la pobreza y la falta de oportunidades. Para ello, se fortalecerán programas sociales, educativos y comunitarios, dirigidos especialmente a jóvenes en contextos de riesgo.
Entre los primeros resultados destacan las 361 detenciones por extorsión realizadas en la Ciudad de México entre octubre de 2024 y abril de 2025, derivadas de la estrategia local impulsada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
No obstante, los desafíos siguen siendo amplios. La extorsión ha mutado en modalidades complejas, desde llamadas intimidatorias hasta cobros ilegales en negocios, mercados, sectores agrícolas y transporte. En ese sentido, la colaboración con organismos como el Consejo Nacional Agropecuario busca blindar zonas especialmente vulnerables.
El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del Estado mexicano para sostener la coordinación entre instituciones, la eficacia en la investigación criminal y, sobre todo, la atención rápida a las víctimas. La ciudadanía, por su parte, juega un rol clave al denunciar y participar activamente en los esquemas de prevención y protección.
La extorsión en México ya no es solo una amenaza telefónica: es una industria que exige respuestas del mismo calibre.
