José Réyez
La sombra del dinero sucio se extiende sobre México con una cifra escalofriante: entre el 2% y 5% del PIB proviene de ingresos criminales. Entre 25 mil y 62 mil millones de dólares anuales que corroen la economía, la seguridad y el Estado de derecho.
El 25 de junio el Tesoro de EU emitió órdenes históricas para contrarrestar tráfico de fentanilo y lavado de dinero de los cárteles Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, a través de tres instituciones financieras.
Se trata de las primeras medidas bajo la Ley FEND Off Fentanyl tomadas el 25 de junio por Estados Unidos, a través del Departamento de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros de Tesorería (FinCEN)
El FinCen emitió órdenes que identifican a CIBanco S.A., Intercam Banco S.A., instituciones de banca múltiple, y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., como principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. También, prohibió transmisiones de fondos que involucren a esas instituciones.
Pese a discursos y acuerdos internacionales, el país lleva años estancado en el fango de la impunidad financiera. El Índice AML de Basilea –termómetro global del riesgo de lavado– nos clava en el mismo pantano que Rusia o Uzbekistán, con un puntaje congelado desde 2018 (5.1-5.2). Mientras Argentina y Brasil muestran avances, México patina.
Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE). Surgidas de un histórico acuerdo en 2011, especializadas en rastrear patrimonios ilícitos a nivel estatal fueron concebidas como el “cerebro operativo” para descifrar las redes financieras del crimen. Se presupuestaron 248 millones de pesos. 14 años después, la mayoría de los 31 estados siguen huérfanos de estas unidades. Un fracaso institucional que explica por qué el dinero manchado de sangre fluye sin control.
El diagnóstico es demoledor: el lavado ya no sólo opera mediante bancos. Según la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la delincuencia fusiona economía formal e ilegal mediante operaciones patrimoniales complejas que evaden el radar financiero. Joyas, arte, inmuebles, negocios fachada… Todo vale para blanquear capitales del narcotráfico, trata de personas o corrupción.
Frente a esta hidra, la estrategia federal –centralizada en la UIF– es insuficiente. Las UIPE prometían ser los brazos territoriales capaces de detectar transacciones opacas en mercados locales y desmantelar estructuras económicas criminales. Siguen siendo un fantasma.
La justificación para su creación es sólida: México ratificó la Convención de Palermo y los informes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) exigen combatir el lavado con inteligencia patrimonial. Pero el vacío es abismal: ni siquiera existe una definición oficial de “inteligencia patrimonial”. Peor aún: los documentos oficiales que promueven las UIPE carecen de datos empíricos que demuestren su necesidad real. Se habla de “nuevos mecanismos” y “coordinación interinstitucional”, pero sin claridad operativa. Es burocracia disfrazada de estrategia.
El estancamiento del índice de Basilea no es casualidad. Refleja nuestras heridas abiertas: corrupción sistémica, opacidad financiera, rendición de cuentas débil. Mientras las UIPE duermen en el papel, el crimen innova. Cada año, entre 18 mil y 44 mil millones de dólares se lavan impunemente en México –el equivalente al presupuesto anual de varios estados combinados–.
Urge pasar de los decretos a los hechos: Presupuesto con auditoría estricta, Los 248 millones asignados deben rastrearse y reactivarse con metas claras: Definiciones operativas: La UIF debe establecer qué es una UIPE, sus protocolos y cómo difiere de la inteligencia financiera tradicional: y Rendición de cuentas estatal: publicar avances (o retrocesos) de cada entidad en la creación de estas unidades.
México firmó compromisos ante el mundo, pero incumplió su propia hoja de ruta. Sin las UIPE, seguiremos cazando peces pequeños mientras los tiburones financieros navegan libres. El combate al lavado exige más que oficinas en la Ciudad de México: requiere una red de inteligencia descentralizada que alcance cada rincón donde el crimen esconde sus activos. Catorce años de retraso son doce años de ventaja para la delincuencia. Basta de simulaciones.
