Zósimo Camacho
En plena crisis con Estados Unidos por el gusano barrenador, SuKarne intentó importar a México desde Nicaragua 5 mil 300 cabezas de ganado en pie. Casi lo logra. Y no fueron precisamente las autoridades mexicanas las que le pusieron freno. Tuvieron que hacerle frente los ganaderos del país, de manera destacada los de Durango, que veían con desesperación cómo la multinacional privilegiaba sus intereses y pasaba por alto los impactos sobre los productores nacionales.
Como se recordará, Estados Unidos mantiene cerrada su frontera al ganado mexicano bajo el pretexto, precisamente, de ponerse a salvo de la propagación del Gusano Barrenador del Nuevo Mundo. La mosca Cochliomyia hominivorax es un parásito que deposita sus huevos en las orillas de las heridas o en las mucosas lesionadas de los animales vertebrados (humanos incluidos). Sus huevos eclosionan y las larvas crecen dentro de la carne viva. Reapareció con fuerza en Panamá a principios de abril y avanzó con fuerza por Centroamérica y llegó al sur de México.
Eso bastó para que el gobierno de Donald Trump reaccionara con alarmismo. Sin asumir la responsabilidad que le toca en la prevención y reacción ante el hecho, vio la oportunidad de enderezar otro golpe contra México y prohibió el ingreso de ganado desde su frontera sur.
Decretó el cierre fronterizo al ganado mexicano el 11 de mayo. Luego de intensas negociaciones y acciones del gobierno, ganaderos y pastores mexicanos se logró la reapertura de un solo puerto el 9 de julio… que volvió a cerrarse dos días después. ¿Por qué? Se detectó un nuevo caso de gusano barrenador en un ejemplar vacuno en Veracruz. Estados Unidos argumentó que no podía tolerar que la plaga continuara su marcha hacia el norte.
El sector ganadero de México cifra las pérdidas de este cierre, hasta el momento, en más de 400 millones de dólares (unos 8 mil millones de pesos). La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas advierte que cinco estados de la República son los más afectados: Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas y Coahuila.
Y en medio de este caos, la trasnacional mexicana SuKarne ordena la importación de 5 mil 300 cabezas de ganado… ¡desde Nicaragua! El país es el más afectado por la epidemia de gusano barrenador, con 17 mil casos registrados en ganado, 9 mil de ellos hoy activos. Incluso, con 124 casos en humanos.
La multinacional quería ingresar las reses a su planta denominada Agroparque Integradora SuKarne Lucero, ubicada en Tlahualilo, Durango. En su maniobra, en un principio mintió al señalar que el ganado no sería introducido a algún estado exportador. Tras reconocer el destino, buscó generar una campaña en redes sociales para asegurar que el ganado cumplía con todos los requisitos sanitarios y que no habría problema alguno.
¿Fue el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a cargo de Francisco Javier Calderón Elizalde, el que puso freno a la irresponsabilidad de SuKarne? ¿Acaso fue la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Julio Berdegué, la que detuvo la ambición particular de un grupo empresarial sobre el interés de todo un sector?
No. Fueron los ganaderos del país. Particularmente, los de estados exportadores y, con mayor determinación, los de Durango. En una de las intervenciones de los diálogos de las asociaciones con autoridades federales, claramente se denunció y advirtió:
“…Para Juan Carlos Almaya, [representante] de SuKarne: Ya, Juan Carlos, a partir del jueves ya están restringiendo ustedes en Tlahualilo la reciba de ganado [mexicano]; y la semana que entra están suspendiendo la reciba de ganado de Durango y la región norte, preparándose para recibir el barco de Nicaragua. Nosotros traemos toda la presión muy grande de todos nuestros agremiados en Durango. Y la orden de ellos a nosotros, como sus líderes, es que: por ningún motivo entre ese ganado al estado de Durango, cueste lo que nos cueste…”
Las palabras fueron pronunciadas por Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, durante las intensas negociaciones entre ganaderos de los estados exportadores y autoridades del gobierno mexicano para tomar medidas frente la prohibición estadunidense. El audio es nítido. En efecto, la indignación y la presión de los agremiados obligó a los representantes a hablar claro.
Mientras, el post del 16 pasado del secretario Julio Berdegué en su cuenta de X pretende contar otra historia: “Agradezco muy sinceramente a @SuKarne_Oficial por su propuesta voluntaria de que el ganado que llegará próximamente de Centro América por barco, no llegará a Durango ni a ningún estado exportador. ¡Con diálogo y colaboración siempre avanzamos!” (sic).
Y en suspenso quedó el nombre del estado que sí tendrá que recibir ese ganado… SuKarne no pierde. Ganó tiempo y la “autorización” de meter el ganado de Centroamérica al país, aunque no a un “estado exportador”.
La relación con Estados Unidos es hoy más complicada que en cualquier otro momento de la historia reciente. El gobierno de Donald Trump utiliza casi cualquier pretexto para enderezar golpes a la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasará si uno solo de los 5 mil 300 ejemplares que meterá SuKarne a México está infectado? La posibilidad es muy alta debido a que en Nicaragua la plaga está fuera de control. Pareciera un sabotaje a las negociaciones.
SuKarne, cuyo dueño es el priísta Jesús Vizcarra Calderón, controla el 76 por ciento del mercado mexicano de exportación de carnes, factura cientos de millones de dólares anuales y mantiene una red de 80 mil proveedores en 18 países. Mantiene alianzas estratégicas con Walmart y cadenas de comida rápida. Cuenta con una fuerza de trabajo de 7 mil empleos obreros. El control que ejerce sobre el mercado le permite fijar precios que pueden asfixiar al pequeño productor.
La intentona de SuKarne por importar ganado nicaragüense –proveniente del epicentro de la plaga del gusano barrenador– expone la vulnerabilidad del sector agroalimentario mexicano, pero también la desconfianza hacia las autoridades reguladoras. El caso revela un patrón preocupante: las multinacionales priorizan ganancias sobre riesgos sanitarios, y cuando las instituciones fallan, sólo la presión social frena sus excesos.
