- En los últimos 13 años, al menos 10 jueces, magistrados o ministros han sido asesinados en México
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 1 de septiembre, México estrenará una de las figuras más polémicas y drásticas de su nueva arquitectura judicial: los “jueces sin rostro”. Esta figura —adoptada como parte de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación— busca proteger la vida de juzgadores que procesan a miembros de la delincuencia organizada, sin que ello implique renunciar a los juicios.
Se trata de una medida extraordinaria, casi desesperada, en un país donde el crimen organizado ya no sólo trafica con drogas, sino que controla rutas, negocios legales, territorios y autoridades. México llega tarde a esta estrategia jurídica, pero con razones contundentes y en medio del temor manifiesto de jueces que se ven ‘obligados’ a poner en libertad a delincuentes en potencia, muchos de ellos a través de los llamados ‘sabadazos’.
En los últimos 13 años, al menos 10 jueces, magistrados o ministros han sido asesinados en México. Ninguno de esos casos ha concluido con una sentencia firme. La cifra es baja, pero el impacto institucional es devastador.
Uriel Villegas Ortiz, juez federal en Colima, fue asesinado junto con su esposa dentro de su casa mientras sus hijas estaban presentes. Había procesado a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vicente Bermúdez Zacarías, quien conocía partes del proceso de extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue ejecutado a plena luz del día mientras corría. Edmundo Román Pinzón, magistrado en Guerrero, cayó emboscado tras salir de los juzgados.
Cada caso reforzó el mismo mensaje: el crimen organizado no olvida ni perdona. Y el Estado, por su parte, no protege ni castiga.
UNA MEDIDA GLOBAL, CON RESULTADOS MIXTOS
México no es el primero en recurrir a esta figura. Italia, en su lucha contra la mafia, Colombia contra el Cartel de Medellín, Perú durante el conflicto con Sendero Luminoso, y Brasil, en estados como Río y Pará, han usado jueces anónimos para enfrentar estructuras criminales sin poner en riesgo a los impartidores de justicia.
Los resultados han sido mixtos. En algunos casos, se logró avanzar en condenas importantes. En otros, como en Perú, la figura fue desmantelada tras cinco años por violaciones al debido proceso. En Colombia y Brasil, organismos internacionales han advertido que el anonimato judicial puede derivar en decisiones arbitrarias, parcialidad oculta y juicios viciados.
EL DILEMA MEXICANO
La implementación de los jueces sin rostro en México se da en un entorno donde la impunidad judicial no es la excepción, sino la norma. La reforma permitirá que en casos de delincuencia organizada, los jueces operen sin revelar su identidad —ni al acusado ni al público—. Se tratará de decisiones selladas por una firma invisible, en nombre de una justicia que, para sobrevivir, ha optado por el anonimato.
Críticos como la CNDH y expertos en derecho constitucional alertan que esta práctica erosiona la transparencia, impide el control ciudadano y debilita la legitimidad institucional. La medida, si bien puede proteger a los jueces, podría también servir para sesgar procesos, reforzar la opacidad o incluso para fines políticos.
¿PROTECCIÓN O RETROCESO?
El debate es profundo. ¿Cómo equilibrar el derecho a un juicio justo con el derecho a no ser asesinado por dictar sentencia? ¿Cómo asegurar justicia cuando la justicia misma debe esconderse para ejercer?
La experiencia internacional sugiere que la figura de jueces sin rostro debe ser transitoria, regulada con precisión y acompañada de contrapesos férreos. No puede ser la norma, sino la excepción. El riesgo es convertir al sistema de justicia en un mecanismo autorreferencial, opaco, y ajeno al escrutinio ciudadano.
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