- El rezago de ocho años en la legislación para proteger a periodistas, y activistas de los derechos humanos se debe a la desorganización y falta de propuestas de parte del gremio de los comunicadores.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El rezago de ocho años en la legislación para proteger a periodistas, y activistas de los derechos humanos se debe a la desorganización y falta de propuestas de parte del gremio de los comunicadores.
Lilia Miss Martínez, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la XVIII Legislatura, advirtió la omisión de parte de los comunicadores en la defensa de sus derechos en 2017, cuando la XV legislatura, con mayoría del PAN y PRD, derogó la ley local en la materia.
“Además de la falta de acercamiento con legislaturas anteriores, y a la fecha, a un año de la XVIII Legislatura, los comunicadores han dejado de trabajar y de presentar sus requerimientos legales para construir una legislación que les garantice el libre ejercicio de su trabajo frente a la sociedad”, aseguró.
Advirtió que aterrizar una nueva ley local de protección a periodistas y activistas de los derechos humanos, tiene tiempos inciertos ante la desorganización y falta de cohesión del gremio comunicador.
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Lamentó que se haya dejado de presentar propuestas y opciones para esta Legislación.
Así argumentó la diputada la ausencia de una ley para proteger la integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos en su quehacer diario, luego de que desde diciembre de 2017 se abrogó esa ley.
A decir de la legisladora, a pesar de algunas reuniones sostenidas con grupos de comunicadores, sin decir quiénes y cuando, así como la invitación a trabajar coordinadamente para construir de cero una nueva legislación.
“Desde el gremio periodístico se ha mostrado desorganización y se ha omitido presentar opiniones y las necesidades que habría que cubrir para garantizar su trabajo”.
Miss Martínez explico que, para esta ley y para la actualización de la ley estatal de derechos humanos, se mantendrá estancada, sobre todo si continúan desorganizados y sin una propuesta concreta de lo que necesitan estos grupos para desarrollar sus labores sin riesgo ni contratiempos.
Actualmente, los comunicadores de Quintana Roo, deben acudir ante la federación cuando consideran que existen amenazas o riesgo por el ejercicio de su labor, ante la Secretaría de Gobernación para solicitar se aplique a su favor el mecanismo federal de protección a periodistas.
La declaración coincide con una propuesta para reformar el artículo 106 del Código Penal de Quintana Roo para endurecer la tipificación del delito de homicidio, cuando la víctima sea un activista-promotor de los derechos humanos.
Y la agresión este vinculada a sus labores, presentada por el diputado de Morena, Jorge Sanen Cervantes.
