Autoventa de carros ya tiene varios años, dice Tribunal Electoral

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  • El Tribunal Electoral del Estado defendió ayer la autoventa de tres camionetas que tenían los magistrados para su uso.
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MONTERREY, NL.- El Tribunal Electoral del Estado defendió ayer la autoventa de tres camionetas que tenían los magistrados para su uso, a un costo inferior al del mercado y a plazos, al asegurar que es un procedimiento que se realiza desde hace varios años y no ha sido señalado por la Auditoría Superior del Estado.

Claudia Patricia de la Garza, presidenta del Tribunal, afirmó que en los seis años que lleva de magistrada ya se han hecho procedimientos similares y nunca ha habido problemas con la fiscalización.

“Los procedimientos que se han seguido son los de años anteriores”, alegó De la Garza.

“Estoy en mi sexto año de encargo en el Tribunal Electoral y me han tocado dos o tres procedimientos similares donde los vehículos de mayor antigüedad se someten a esa evaluación de desafectarlos para que puedan ser adquiridos en un primer momento por el personal del Tribunal”, agregó.

“Ha sido el mismo procedimiento que se ha hecho antes y que fue revisado por la Auditoría Superior del Estado y no fue señalado como un procedimiento irregular”.

El lunes se publicó que en febrero pasado, por acuerdo de las magistradas De la Garza, Mónica Ethel Sandoval y Claudia Sepúlveda, se aprobó la autoventa de una Suburban, una X-Trail y una KIA Sorento, todas modelo 2020, a un precio más bajo y con un plazo de 10 meses.

Al menos la presidenta del TEE y Sandoval fueron beneficiadas al adquirir unidades, y el otro fue el ex magistrado Felipe Galindo.

Ayer se reveló que los magistrados habrían incurrido en violaciones a la Ley de Administración Financiera estatal, al no hacerse la autoventa con base en los precios de mercado.

Aunque aseguró que hasta ahora no han enfrentado señalamientos por la autoventa de vehículos, De la Garza señaló que de ser observados ahora por la Auditoría Superior del Estado buscarían litigarlo o bien reintegrar las unidades.

“Si en su momento la Auditoría Superior del Estado hace una observación y no la podemos solventar considerando que ahora tenga reglas diferentes a las que se tomaron anteriormente”, expuso, “tomaremos la decisión si entramos en un conflicto de litigio, porque considero que es ilegal la postura, o hacemos la reparación que se tenga que hacer”.

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