- Mientras empacan oficinas y blindan sus pensiones, dejan tras de sí más de 1,500 expedientes sin resolver, que ahora pasarán a la nueva Corte.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Con 7.1 millones de pesos garantizados para sus bolsillos en los 24 meses siguientes, siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se retirarán este 31 de agosto, obligados por la reforma al Poder Judicial.
Pero mientras empacan oficinas y blindan sus pensiones, dejan tras de sí más de 1,500 expedientes sin resolver, que ahora pasarán a la nueva Corte, cuya integración aún genera expectativas.
La cifra no es menor: en total, el Estado Mexicano desembolsará casi 50 millones de pesos para cubrir el haber de retiro de estos siete altos funcionarios. Se trata de una prestación económica pensada originalmente como un mecanismo para garantizar la independencia judicial, pero que con el paso del tiempo ha sido severamente cuestionada por su opacidad, discrecionalidad y falta de justificación actual.
UN RETIRO PRIVILEGIADO
Según datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación y documentos de transparencia, el haber de retiro de un ministro equivale al 100% de su sueldo bruto mensual, que en 2025 ronda los 297,000 pesos. Este ingreso se mantiene durante 24 meses tras dejar el cargo, sin necesidad de trabajar ni justificar actividades posteriores. El resultado: cada ministro saliente recibirá aproximadamente 7 millones 128 mil pesos en dos años.
Multiplicado por los siete ministros que dejarán su puesto este septiembre, el monto asciende a 49.8 millones de pesos. Y eso sin contar prestaciones previas, bonos, aguinaldos proporcionales o viáticos no devengados.
EXPEDIENTES CONGELADOS
Pero mientras el retiro de los ministros está garantizado hasta el último centavo, el rezago judicial que dejan es inmenso: más de 1,500 asuntos pendientes permanecerán en manos de una Suprema Corte en proceso de reconfiguración. La carga procesal no sólo se hereda, sino que se agrava ante la salida de la mayoría del Pleno.
Lo que debía ser una transición institucional ordenada, se ha convertido, para muchos analistas, en una mudanza de privilegios, sin rendición de cuentas ni revisión del trabajo inconcluso.
¿INDEPENDENCIA O PRIVILEGIO?
Aunque históricamente el haber de retiro fue defendido como una herramienta para garantizar que los ministros no cayeran en tentaciones políticas o económicas al salir del cargo, voces críticas —como la de la ministra Lenia Batres— han denunciado que hoy ese argumento ya no se sostiene.
Batres, quien ha impulsado desde dentro una política de austeridad, ha cuestionado en distintas ocasiones los beneficios heredados que siguen vigentes para ministros nombrados antes de 2019, año en que el Pleno eliminó este beneficio para futuras designaciones.
“De ese tamaño es el abuso”, escribió recientemente en sus redes sociales, al denunciar otros gastos excesivos como camionetas blindadas, comidas subsidiadas, seguros privados y bonos discrecionales.
La salida de los ministros no sólo abre espacio para nuevos perfiles de juzgadores, sino también para nuevas exigencias de rendición, transparencia y eficiencia.
El contraste entre el retiro millonario de siete jueces constitucionales y el cúmulo de casos sin resolver pone en evidencia una desconexión profunda entre los privilegios del Poder Judicial y la realidad del país. A partir del 1 de septiembre, la nueva Corte tendrá que cargar con dos cosas: una pesada deuda en expedientes… y la sombra de un retiro de oro.
