Zósimo Camacho
En el corazón del México rural, donde la tierra es sinónimo de identidad, sustento e historia, la administración de justicia enfrenta una crisis silenciosa pero profunda. El sistema de Tribunales Agrarios, instituido como garante de los derechos de las comunidades agrarias y los ejidos, navega actualmente en aguas turbulentas marcadas por la irregularidad y el abandono institucional.
Esta estructura, compuesta por 51 Tribunales Unitarios Agrarios y un Tribunal Superior Agrario, fue concebida por el Artículo 27 Constitucional como un pilar de autonomía y plena jurisdicción, cuyos magistrados deben ser propuestos por el Ejecutivo y designados por el Senado de la República para asegurar su legitimidad.
Sin embargo, la realidad dista mucho del marco legal. En 20 de estos tribunales, los magistrados que los presiden continúan ejerciendo sus funciones y emitiendo sentencias a pesar de que el periodo para el cual fueron originalmente designados ha vencido. Esta situación de facto, donde no ha mediado una ratificación formal para un nuevo mandato, proyecta una sombra de ilegitimidad sobre sus fallos y compromete la seguridad jurídica de los miles de personas que dependen de sus veredictos.
A esta alarmante circunstancia se suma la existencia de seis vacantes críticas que mantienen en la incertidumbre a regiones enteras. Los Tribunales Unitarios Agrarios 22 de Tuxtepec, Oaxaca; 28 de Hermosillo, Sonora; 27 de Guasave, Sinaloa; 7 de Durango, Durango; 30 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y 40 San Andrés Tuxtla, Veracruz, carecen de un titular, lo que paraliza en la práctica el acceso a la justicia.
Ante este vacío, el Tribunal Superior Agrario ha intentado paliar la emergencia designando a magistrados supernumerarios para suplir temporalmente estas ausencias, tal como lo contempla la ley. Figuras como Regino Villanueva Galindo, Eugenio Armenta Ayala, Raúl Carrasco Vivar y Juana Rebeca Cortés Muñoz han sido comisionados a los tribunales de Guasave, Durango, Ciudad Victoria y San Andrés Tuxtla, respectivamente. No obstante, la solución dista de ser completa. Los tribunales de Tuxtepec y Hermosillo permanecen sin un suplente idóneo, y al frente de ellos sólo quedaron secretarios de acuerdos, funcionarios que carecen de la facultad legal para firmar sentencias, lo que provoca que una inmensa cantidad de asuntos se encuentren estancados indefinidamente.
Resulta urgente designar a un magistrado para Hermosillo, región que presenta una problemática muy compleja, con terrenos nacionales y con disputas por actividades mineras. En el ejido El Bajío hay 61 asuntos pendientes en ejecución de sentencias, porque implican la realización de peritajes en materia contable de extracción de mineral.
Pero el epicentro de este colapso deliberado se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario 22 de Tuxtepec, Oaxaca, y tiene nombre y apellido: Carmen Laura López Almaraz. Esta magistrada supernumeraria del Tribunal Superior Agrario se convirtió en el símbolo de la disfuncionalidad y el privilegio injustificable. Tras ser formalmente designada para cubrir la crucial vacante en Tuxtepec mediante oficio y acta del Pleno Administrativo del 12 de agosto pasado, la funcionaria no sólo decidió desacatar la instrucción, sino que promovió un amparo contra los magistrados. Esta insubordinación quedó plasmada en una carta del 18 de agosto, dirigida al Pleno y caracterizada por notorias deficiencias ortográficas y de sintaxis, un dato perturbador tratándose de una alta funcionaria judicial.
Finalmente, “por razones humanitarias”, este 26 de agosto el Pleno reconsideró su decisión y dejó sin efectos la asignación de la magistrada a Tuxtepec. Es decir, habiendo la posibilidad de enviar a una magistrada a combatir el rezago en materia de justicia agraria en esa región, decidió no hacerlo.
El perfil de López Almaraz permite explicar su negativa. Profesora de Amparo Agrario en la Universidad Panamericana, del Opus Dei, desarrolló toda su carrera pública vinculada con políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo la égida de las políticas anti-campesinas y neoliberales que caracterizaron el sexenio de Ernesto Zedillo, época precisamente en que ingresó al Tribunal Superior Agrario en 1997.
Su historial incluye haberse amparado para evitar una reducción de su sueldo, oponiéndose así a la política de austeridad republicana que impulsó desde diciembre de 2018 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, devenga un salario bruto mensual de 173 mil 454 pesos, una cifra exorbitante que percibe, según se reporta, sin corresponder con una carga de trabajo tangible, y que ahora defiende para no tener que cumplir con su labor en una zona que la requiere.
Mientras esta magistrada se ampara para no trabajar, la justicia se le sigue negando a las comunidades. El Tribunal de Tuxtepec, Oaxaca, que ella rechazó, es el ejemplo más doloroso de esta parálisis. Con mil 50 asuntos en trámite y más de 200 sentencias pendientes de emitir, el rezago es monumental. Entre estos casos se encuentran 60 conflictos particularmente sensibles en las regiones de la Chinantla y Valle Nacional, zonas de bosques mesófilos de invaluable riqueza ambiental y cultural. La demora afecta directamente a comunidades indígenas chinantecas, mazatecas, zapotecas, mixes y nahuas, para quienes la impartición de justicia no es un trámite burocrático, sino una cuestión de supervivencia y dignidad. La negativa de una sola persona, bien remunerada y protegida, está condenando al campo mexicano a una espera interminable, traicionando el espíritu social por el que fueron creados estos tribunales y burlándose de quienes sí necesitan trabajar para vivir.
El abandono de la justicia agraria es claro: suman 20 los magistrados que han concluido su periodo y siguen emitiendo sentencia sin que hayan sido ratificados; seis Tribunales Unitarios Agrarios carecen de titular definitivo, y dos de ellos ni siquiera cuentan con magistrado suplente. ¿Negligencia, descoordinación o una implosión deliberada del sistema de justicia para los más vulnerables?
