- Pone nueva Suprema.Corte a las comunidades indígenas en el centro de su agenda.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO. – Durante buena parte de la historia de México, las comunidades indígenas han vivido un doble juego: reconocidas en el discurso, pero borradas en la ley.
En 1856, un decreto eliminó su personalidad jurídica, es decir, la posibilidad de defenderse legalmente como comunidades. A partir de entonces quedaron reducidas a “individuos”, sin el peso colectivo que siempre había definido su vida.
Pasaron 26 años antes de que la Suprema Corte diera marcha atrás en 1882. Pero la exclusión no terminó ahí.
La Constitución de 1917 —la misma que se presume de avanzada— tampoco les devolvió ese lugar. No fue sino hasta 1992, con la reforma al artículo 4°, que México reconoció oficialmente su carácter pluricultural.
Y en 2001, tras presiones y movilizaciones, llegó el paso decisivo: el artículo 2° se modificó para reconocerlos como sujetos colectivos con derechos propios. La espera fue larga: 84 años de invisibilidad constitucional.
Hoy, el panorama empieza a moverse. La Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha colocado el tema indígena en el centro de su discurso, con especial énfasis en las mujeres. Este jueves 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, el tribunal destacó que son ellas quienes sostienen lenguas, tradiciones y luchas comunitarias, y se comprometió a garantizarles derechos en su propia lengua, a la tierra y a una vida libre de violencia.
En paralelo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha buscado traducir el reconocimiento en hechos. En diciembre de 2024, la reforma indígena se publicó en 57 lenguas originarias. Ese mismo mes, comunidades rarámuris recuperaron más de 2,100 hectáreas de su territorio. En Michoacán, el Plan de Justicia P’urhépecha avanza con proyectos diseñados por las propias comunidades. Y para 2025, se declaró el Año de la Mujer Indígena, con programas específicos para artesanas y liderazgos femeninos.
No todo está resuelto. Los casos de apropiación cultural, como el reciente con Adidas por el modelo “Oaxaca slip-on”, muestran que la batalla no se limita a la tierra, también abarca la defensa del patrimonio cultural.
Lo cierto es que hoy el Estado ya no puede dar la espalda como antes: hay sentencias, presupuestos y planes que respaldan —al menos en papel— a quienes por siglos fueron borrados.
La exclusión indígena ante la Constitución mexicana fue sistemática, pero las comunidades nunca dejaron de resistir.
Ahora la pregunta es si las promesas actuales lograrán cerrar esa herida o si solo quedarán como un nuevo capítulo de buenas intenciones.
