- El gobierno federal dio un golpe contra involucrados en una amplia red del ilícito negocio del huachicol.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Como pocas veces se había visto en la historia reciente del país, el gobierno federal dio un golpe que sacude por igual a empresarios, funcionarios públicos y mandos de la Secretaría de Marina, involucrados en una amplia red del ilícito negocio del huachicol.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó este domingo la captura de 14 personas ligadas al robo de combustibles, entre ellas tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas. Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
“Él (Ojeda) nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos, no nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie”, declaró Gertz Manero durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad federal.
La investigación, que se extendió por casi dos años, inició tras denuncias internas sobre irregularidades en la Marina. A partir de ese momento se conformó un expediente con operaciones financieras, decomisos y aseguramientos que derivaron en órdenes de aprehensión cumplimentadas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.
Golpes de alto impacto
El operativo se suma a una serie de decomisos sin precedente en el combate al huachicol. Entre ellos, el aseguramiento de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila; la incautación de 10 millones de litros de diésel en Altamira; un buque y 190 contenedores decomisados en Tampico; casi 2 millones de litros hallados en Saltillo; y, más recientemente, el aseguramiento de 123 contenedores en trenes abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila.
En junio pasado, en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, fue desmantelada una red que operaba desde hacía años, con 32 detenidos y el aseguramiento de 12 inmuebles, autos de lujo, armas, dinero en efectivo y hasta animales exóticos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo de coordinación entre la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT, la Sedena y la propia Marina, instituciones que integraron las carpetas de investigación y desplegaron a cientos de efectivos para ejecutar los mandamientos judiciales.
“Tras meses de trabajo de gabinete y campo se integraron carpetas de investigación, con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos…”, explicó.
Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en representación de la Secretaría de Marina, subrayó que la institución no encubrirá a nadie y que reforzará sus controles internos: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. El gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción. La ley es para todos”.
El trasfondo político y social
El caso adquiere relevancia no solo por el volumen del combustible asegurado —más de 39 millones de litros incautados en ocho meses—, sino por la decisión de procesar a mandos militares, un hecho poco común en administraciones anteriores. Gertz Manero fue tajante: “Todo esto mostró cómo había personas que habían traicionado al Estado. La fortaleza de la República está en el combate a la corrupción”.
El fiscal adelantó que hay más órdenes de aprehensión en curso, incluso contra otro sobrino del exsecretario Ojeda, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, y confirmó que existe coordinación con autoridades de Estados Unidos, pues más del 90% del combustible ilícito proviene de ese país.
La magnitud del golpe revela un parteaguas: por primera vez, las investigaciones contra el huachicol alcanzan a las más altas esferas castrenses y a empresarios de alto nivel. El mensaje, en voz de las propias autoridades, es que ya no hay intocables.