El proyecto se centra en dos grandes objetivos: impulsar la transferencia de tecnología y simplificar los procedimientos de protección de patentes y registros.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En un momento clave para la innovación en México, la Cámara de Senadores recibió esta semana una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto se centra en dos grandes objetivos: impulsar la transferencia de tecnología y simplificar los procedimientos de protección de patentes y registros.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera, plantea una serie de modificaciones legales que, de aprobarse, podrían redefinir el sistema mexicano de propiedad industrial. No obstante, especialistas advierten que los cambios deberán ir acompañados de una estrategia integral si se pretende cerrar la brecha histórica entre el conocimiento generado en México y su aprovechamiento productivo.
¿QUÉ PROPONE LA REFORMA?
Entre los puntos más destacados del proyecto presidencial se encuentra la incorporación de la figura de la “solicitud provisional de patente”, que permitiría a las personas inventoras contar con una protección preliminar más flexible, económica y rápida. Esta medida busca prevenir que la divulgación prematura de una invención afecte su posterior patentabilidad.
También se propone un periodo de gracia para completar la solicitud de patente, así como la reducción del plazo de oposición a un mes, con lo cual se pretende acelerar los tiempos de resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Además, se plantea la introducción de la “afirmativa ficta” en caso de silencio administrativo, lo que otorgaría certeza jurídica a las y los solicitantes cuando el IMPI no responda en tiempo y forma.
La iniciativa incluye también la definición legal de los activos intangibles, reconociéndolos como bienes derivados del conocimiento, la creatividad y la innovación, sujetos a protección industrial.
UN PASO NECESARIO, PERO NO SUFICIENTE
El contexto en el que llega esta propuesta legislativa no es menor. México arrastra desde hace años una serie de problemas estructurales que limitan el impacto de sus políticas de innovación.
Si bien el país ha modernizado su legislación en concordancia con compromisos internacionales, como el T-MEC, persisten obstáculos que impiden que las invenciones mexicanas se conviertan en productos, procesos o servicios con valor en el mercado.
Algunos especialistas coinciden en que el principal problema no es solo legal, sino sistémico. El país carece de una articulación eficaz entre universidades, centros de investigación, sector privado y gobierno. La mayoría de las oficinas de transferencia tecnológica en instituciones públicas operan con presupuestos limitados y sin personal capacitado para negociar licencias, valorar activos o proteger desarrollos.
En palabras de Mariana Reyes, experta en derecho industrial, “estas reformas legales abren oportunidades, pero si no van acompañadas de incentivos fiscales, financiamiento para el desarrollo tecnológico, y programas de capacitación, corren el riesgo de quedarse en letra muerta”.
COMPARATIVO REGIONAL
A nivel latinoamericano, otros países han logrado avances significativos en este ámbito. En Brasil, por ejemplo, se han simplificado los trámites para registrar acuerdos de transferencia de tecnología, incluyendo el reconocimiento legal del know‑how no patentado.
En Chile, se impulsa una ley específica sobre transferencia tecnológica, respaldada por una estrategia nacional que articula esfuerzos desde el Estado, la academia y el sector privado.
Ambos modelos destacan por contar con políticas públicas integradas, mecanismos de evaluación de impacto y marcos legales que ofrecen certidumbre jurídica tanto a investigadores como a empresas.
LA OPORTUNIDAD ESTÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN
La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum puede ser un catalizador importante para mejorar el entorno legal de la innovación en México. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se implemente, qué recursos se asignen y qué capacidades institucionales se fortalezcan.
Sin una política de Estado que acompañe estos cambios con financiamiento, capacitación, incentivos y coordinación institucional, la reforma corre el riesgo de no cambiar el fondo del problema: la débil conexión entre el conocimiento que se genera en México y su aprovechamiento social y económico.
En un país donde la ciencia y la tecnología siguen siendo subutilizadas, esta reforma podría ser el inicio de una transformación profunda. Pero para que lo sea, hará falta más que una buena ley: se necesita visión, voluntad y acción coordinada.
