- Eliminan ministros barreras económicas injustificadas impuestas por autoridades municipales en distintos estados del país como condición para acceder a la información pública.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En una decisión sin precedentes que fortalece el derecho constitucional a la información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 17 de septiembre una serie de acciones de inconstitucionalidad que eliminan barreras injustificadas impuestas por autoridades municipales en distintos estados del país.
Los fallos no solo confirman la gratuidad del acceso a información digitalizada, sino que limitan cobros excesivos, discrecionales y desproporcionados que se habían normalizado en varias entidades, representando con ello un obstáculo para el libre acceso a la información.
El Pleno de la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de 21 municipios de Michoacán, Durango y Guerrero que permitían el cobro por la entrega de información pública en formato digital.
Las tarifas oscilaban entre los 22 y los 565 pesos por hoja digitalizada, lo cual —según los ministros— no reflejaba el costo real del servicio y vulnera tanto el principio de proporcionalidad tributaria como el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6º de la Constitución.
Uno de los casos más ilustrativos es el del municipio de Jacona, Michoacán, donde se llegó a cobrar 15 pesos por hoja a estudiantes, frente a 4 pesos para el resto del público. La Corte calificó este esquema como discriminatorio y contrario a la libertad académica, al limitar el acceso a un derecho clave para el desarrollo educativo, político y social.
Estas decisiones derivan de diversas Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha señalado reiteradamente la existencia de tarifas opacas e injustificadas como una forma de censura económica.
El derecho a saber no debe tener precio. Las resoluciones de la SCJN marcan un parteaguas en la protección del derecho a saber. En un contexto donde la información pública es clave para el ejercicio de otros derechos —educación, participación política, fiscalización ciudadana—, estos fallos representan una victoria contra la burocracia opaca y los intereses recaudatorios sin control.
El mensaje es claro: en México, el acceso a la información no se vende.
Cobros encubiertos bajo conceptos municipales
La revisión de leyes municipales también abordó otras áreas donde los ayuntamientos excedieron sus facultades. En Tulum, Quintana Roo, la Corte anuló el cobro adicional del 5% sobre el recibo de la CFE para financiar el servicio de alumbrado público.
El argumento fue contundente: los municipios no pueden imponer impuestos sobre el consumo de energía eléctrica, pues esa es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
De igual forma, se reiteró que los servicios públicos deben cobrarse con base en su costo real, no mediante fórmulas arbitrarias que desproporcionen las contribuciones ciudadanas.
Hidrocarburos: un terreno federal, no municipal
En otro bloque de resoluciones, la SCJN invalidó cobros por licencias de funcionamiento y construcción relacionados con actividades de extracción de gas e hidrocarburos en ocho municipios de Coahuila. El motivo: se trata de recursos estratégicos de la Nación, cuya regulación y fiscalización corresponde al Congreso de la Unión, no a los gobiernos locales.
El fallo deja precedente frente a intentos de los municipios por gravar actividades productivas con fines recaudatorios, sin sustento legal y fuera de su jurisdicción constitucional.
Un mensaje para los Congresos locales
Ante la recurrencia de estos casos —que se presentan año tras año en la revisión de leyes de ingresos municipales— el Pleno de la Corte exhortó a los Congresos estatales a establecer criterios objetivos y fórmulas claras para determinar el costo real de los servicios como el fotocopiado o el acceso a información pública.
El objetivo: evitar que las tarifas se conviertan en una herramienta de disuasión, opacidad o exclusión.
