Por KUKULKÁN
VAYA, vaya… después de años de que la “información pública” se manejara como mercancía de lujo —con precio por hoja que haría sonrojar a las fotocopiadoras universitarias—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vino a recordarnos algo tan elemental como incómodo para muchos alcaldes: el derecho a saber no se vende. Sí, aunque suene a sarcasmo, en México hubo municipios que se atrevieron a ponerle tarifa a la transparencia, como si pedir información fuera un privilegio reservado para bolsillos gordos o para quienes estuvieran dispuestos a hipotecar la despensa a cambio de unas cuantas páginas.
LOS MINISTROS de la Corte revisaron leyes de ingresos de 21 municipios en Michoacán, Durango y Guerrero y se toparon con joyas normativas: tarifas de entre 22 y hasta 565 pesos por cada hoja digitalizada. ¿Qué contenía esa información, la receta secreta de la Coca-Cola? El caso más grotesco se dio en Jacona, Michoacán, donde a algún iluminado se le ocurrió que a los estudiantes había que cobrarles más: 15 pesos por hoja frente a 4 pesos para el resto del público. Porque, claro, nada más justo que castigar a los que menos tienen y más necesitan aprender. Eso sí, luego se preguntan por qué la juventud desconfía de sus instituciones.
PERO la nueva Corte puso las cosas en claro: esos cobros son desproporcionados, discriminatorios y francamente inconstitucionales. Y aunque la sentencia parece de sentido común, lo cierto es que se necesitó de la intervención de la CNDH y de todo un proceso judicial para recordarle a los municipios que la Constitución no es un menú a la carta donde cada quien cobra lo que quiere. Que no se nos olvide: esas cuotas no eran simples errores administrativos. En más de un caso, fueron diseñadas como mecanismos de censura económica.
Y ES QUE si el ciudadano común se la pensaba dos veces antes de desembolsar cientos de pesos para acceder a un expediente, la autoridad quedaba felizmente blindada de ojos incómodos, reporteros necios o activistas curiosos. Es el viejo truco: si no puedes negar la información, hazla inaccesible. La mordaza no siempre se viste de decreto, a veces se disfraza de recibo de pago. Por eso el fallo de la Corte representa más que un ajuste contable: es un recordatorio de que la democracia no sobrevive sin información, y que ponerle precio al derecho a saber es la versión moderna del “archívese sin más trámite”.
Y YA QUE hablamos de ocurrencias municipales, la sesión del 17 de septiembre no se limitó a la transparencia con etiqueta de precio. Los ministros también revisaron otras “maravillas” normativas que revelan el ingenio recaudador de algunos ayuntamientos. En Tulum, Quintana Roo, por ejemplo, inventaron un cobro del 5% adicional en los recibos de la CFE para financiar el alumbrado público. Sí, porque nada más lógico que convertir la factura de la luz en piñata tributaria. La Corte fue tajante: los municipios no pueden crear impuestos sobre el consumo eléctrico, esa es facultad del Congreso de la Unión.
Y SI USTED cree que ahí termina la creatividad, espere: en Coahuila varios municipios quisieron cobrar licencias de funcionamiento y construcción para actividades relacionadas con hidrocarburos y gas. Nada menor: pretendían gravar recursos estratégicos que la Constitución reserva a la Federación. En pocas palabras, alcaldes jugando a ser legisladores federales. El Pleno de la Corte no solo tumbó estos excesos, también envió un mensaje directo a los Congresos locales: basta de improvisar tarifas arbitrarias cada año en las leyes de ingresos. Si de verdad quieren cobrar por un servicio —como las copias físicas de documentos— deben demostrar el costo real y no usarlo como pretexto para engordar las arcas municipales o, peor, para disuadir al ciudadano curioso.
AL FINAL, de eso se trata: quitar trabas, no fabricarlas. Los municipios están para acercar los derechos, no para convertirlos en artículos de lujo. Y aunque hoy celebremos que la Corte echó abajo estas ocurrencias, conviene no olvidar que detrás de cada tarifa inflada hubo un cabildo que la aprobó y un Congreso local que la avaló. En otras palabras, no fue descuido: fue la intención de cerrar la puerta con candado… y cobrar por la llave.
EPÍLOGO. La Corte ya habló: la información pública es gratuita y el cobro de servicios debe ser proporcional y legal. Ojalá los alcaldes entiendan el mensaje y dejen de comportarse como pequeños reyezuelos que inventan impuestos a su antojo. Porque si algo queda claro es que, en México, el derecho a saber no tiene precio… aunque a más de uno le gustaría seguir vendiéndolo al mayoreo.
