Va ‘Hecho en México’ a política pública

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  • A casi un año del inicio de la campaña Hecho en México, el programa ha entrado en una fase de desarrollo productivo.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un año del inicio de la campaña Hecho en México, el programa ha entrado en una fase de desarrollo productivo, lo que permite consolidarlo como parte del Plan México y la política pública nacional.

Esta etapa incluye reducción de cuotas, talleres de digitalización y próximamente financiamiento específico por sector, aunque no se canalizan recursos directos a las empresas participantes.

Según Bárbara Botello, responsable del programa, el objetivo es generar un ecosistema que incentive el consumo y la producción nacional, fomentando las compras públicas de productos locales y fortaleciendo a pequeños productores.

Busca que la iniciativa trascienda al Gobierno y sea adoptada por la sociedad, cámaras empresariales, colegios y familias, convirtiéndose en una política pública de largo plazo.

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El primer año se centró en el relanzamiento del sello y la promoción del consumo nacional. Ahora se da paso a una estrategia más profunda: capacitación, inclusión en ferias, campañas de promoción y acceso a crédito.

Las empresas con el sello Hecho en México tendrán preferencias dentro de estos beneficios, lo que apunta a fortalecer su presencia en el mercado nacional e internacional.

Los resultados ya muestran avances: hace un año, solo 2 de cada 10 consumidores en focus groups preferían productos mexicanos; ahora, la cifra subió al 40 por ciento, según datos de la Secretaría de Economía.

Actualmente, 2 mil 533 empresas cuentan con la certificación, que incluye un total de 4 mil 698 productos.

Para obtenerla, las empresas deben demostrar que sus productos están hechos con insumos mexicanos y cumplir con al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo cual también alinea el programa con estándares internacionales de responsabilidad social.

El programa busca posicionar el consumo local como un acto de responsabilidad económica y social, en un entorno económico que exige adaptación a nuevas formas de producción y comercialización, sin dejar de lado el objetivo central: fortalecer la industria nacional desde la base.

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