- La Suprema Corte rechazó la solicitud del Banco Actinver para que la ministra Loretta Ortiz sea impedida de participar en la revisión de un amparo.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad infundada la solicitud del Banco Actinver para que la ministra Loretta Ortiz sea impedida de participar en la revisión de un amparo que lo obliga a pagar mil 100 millones de pesos al empresario Rafael Zaga Tawil, prófugo de la justicia mexicana, y además le impuso una multa por retrasar el caso.
El caso proviene desde 2017, pues Zaga Tawil, dueño de la empresa Telra Realty, obtuvo un finiquito ilegal de 5 mil 88 millones de pesos de parte del Infonavit por la cancelación de un contrato.
Zaga acusa que mil millones de pesos de dicha indemnización fueron entregados ilegalmente por el banco a sus socios en Telra, Moisés y André El-Mann, mientras que Actinver sostiene que el propio empresario fue quien ordenó retirar el dinero del fideicomiso donde se encontraba.
En 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la CDMX condenó a Actinver a realizar el pago, pero el banco promovió recurso de amparo directo que fue atraído por la extinta Primera Sala de la Corte.
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En abril pasado, Actinver acusó conflicto de interés de los ministros Juan Luis González Alcántara y Jorge Pardo Rebolledo, que dejaron sus funciones en agosto, así como de Loretta Ortiz, quien sigue en el cargo tras la elección judicial.
El banco alegó que su yerno, Abel Chávez Salinas, era uno de los abogados de Zaga y que Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos los investigaba, pero esto fue negado ayer por los nuevos ministros.
“De la revisión de las constancias no se advirtió que la persona identificada por la recusante hubiera sido designada como abogada o representante en el juicio de amparo directo 9/2024 ni en ninguno de los procedimientos previos”, dijo la ministra Lenia Batres, al proponer la respuesta.
En los casos de González Alcántara y Jorge Mario Pardo Rebolledo coincidieron en que ya no hay materia. Al iniciar el análisis del impedimento 16/2025, Ortiz planteó retirarse del Salón de Plenos, pero el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, le indicó que podía quedarse, pero sin tener voz ni voto.
El presidente de la Corte afirmó que no hay pruebas de que Ortiz sea investigada en Estados Unidos, más allá de notas periodísticas.
Por estos motivos, la Corte avaló también la propuesta de imponer una multa al banco de 300 unidades de medida y actualización, unos 34 mil pesos.
“En eso creo que coincidimos, esa recusación pretendía solamente retrasar o entorpecer la resolución del asunto principal”, dijo el ministro Giovanni Figueroa.
*Con información de Agencia Reforma
