- La nueva etapa de la Corte ha ido desempolvando el rezago de expedientes que reclaman atención a causas sociales, la certeza jurídica y la equidad en la aplicación de las leyes.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dedicó su sesión pública de este jueves a poner sobre la mesa los asuntos que más directamente tocan la vida cotidiana de las personas. Desde el acceso al aborto en Yucatán y Chihuahua, hasta la protección de comunidades desplazadas por la violencia en Chiapas, el máximo tribunal reafirmó que su nueva etapa estará marcada por la atención a causas sociales, la certeza jurídica y la equidad en la aplicación de las leyes.
Bajo la guía de una mayoría de ministros que ha insistido en devolverle a la Corte su rostro ciudadano, el Pleno decidió ejercer su facultad de atracción sobre diversos temas que habían permanecido sin resolución por parte de los tribunales inferiores. En conjunto, los expedientes 383/2025, 560/2025, 562/2025 y 604/2025 delinean un viraje institucional hacia una justicia con enfoque humano.
Derechos reproductivos en el centro
El primer asunto atraerá la atención pública: el análisis del alcance de las obligaciones de las autoridades sanitarias locales para garantizar el acceso al aborto electivo o voluntario.
La resolución permitirá establecer parámetros sobre cómo deben organizarse, difundirse e implementarse los servicios en los estados donde este derecho aún encuentra resistencias administrativas o políticas.
El caso incide directamente en los derechos de las mujeres y personas gestantes en Yucatán y Chihuahua, donde las lagunas normativas y la falta de infraestructura han limitado la posibilidad real de interrumpir el embarazo de manera segura y gratuita.
Protección a desplazados por violencia
En otro frente, la Corte revisará si el Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimidad para promover un amparo en defensa de comunidades desplazadas por la violencia en Chiapas.
El análisis buscará definir si las autoridades estatales están obligadas a emitir reglas claras de atención, registro y apoyo a las víctimas del desplazamiento interno forzado, un fenómeno que ha crecido en la región sur del país sin que existan protocolos suficientes para su atención.
Certeza jurídica en comercio exterior
También se abordará la legalidad en las operaciones de comercio exterior, al estudiar cómo debe aplicarse la normativa cuando una empresa importa temporalmente mercancías y luego decide quedárselas de forma definitiva.
La resolución de este tipo de asuntos, que impactará especialmente en las zonas fronterizas, busca establecer reglas claras para la autoridad aduanera y los contribuyentes.
Justicia fiscal con base en la realidad económica
En otra decisión de fondo, la Corte resolvió el Amparo Directo en Revisión 1442/2025, mediante el cual avaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda actualizar el régimen fiscal de los contribuyentes conforme a sus ingresos reales.
La medida, sustentada en la Regla 3.13.33 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, permitirá excluir del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) a quienes superen el tope permitido, ajustando su régimen desde el inicio del ejercicio fiscal.
Con ello, el Pleno subrayó que la justicia tributaria exige equidad: que cada persona pague según su verdadera capacidad económica, sin generar incertidumbre jurídica.
Indemnización por bienes embargados
El tribunal también fijó criterios sobre la indemnización por bienes embargados y vendidos por el Estado, al determinar que el pago debe calcularse conforme al monto obtenido en la subasta.
En el caso analizado —Amparo Directo en Revisión 2540/2025—, una empresa solicitó que se le restituyera el valor comercial original de los bienes, pero la SCJN reafirmó que la ley ordena ajustar la compensación al precio real obtenido, garantizando así la legalidad y el interés público.
Sin suspensiones en la nueva carrera judicial
Finalmente, en la Contradicción de Criterios 126/2025, el Pleno resolvió que no procede otorgar suspensiones provisionales en amparos contra las normas que regulan la nueva carrera judicial, instaurada tras la reciente reforma constitucional.
Con ello, la Corte defendió la necesidad de consolidar un servicio público de justicia basado en la transparencia, profesionalización y mérito, subrayando que las reglas de ingreso, promoción y evaluación deben mantenerse firmes mientras se consolidan los nuevos procesos de selección de jueces y magistrados.
