Zósimo Camacho
Una vez más, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés) ha lanzado un comunicado que, más que una alerta creíble, resulta un guion previsiblemente diseñado para justificar una agenda política. La acusación es grave: cárteles mexicanos ofreciendo recompensas para asesinar agentes federales en Chicago. Las afirmaciones son espectaculares, el lenguaje es beligerante, pero el elemento más conspicuo brilla por su ausencia: las pruebas.
El DHS alega poseer “inteligencia creíble”, una frase que en el léxico de la seguridad nacional suele ser un eufemismo para “afirmaciones no verificadas”. Sin embargo, tales elucubraciones no llegan ni a eso. Es simple propaganda.
El comunicado de este martes 14 carece de referencias a intercepción de comunicaciones, nombres de las organizaciones investigadas… tampoco se citan operativos concretos que sustenten esta narrativa. Se nos pide que creamos, simplemente, porque una institución poderosa lo dice. Cuántos montajes ya vimos de la titular de esta oficina, Kristi Noem, en redes sociales y medios de comunicación. Estamos ante otro, pero con consecuencias potencialmente mayores.
La versión de esta acusación es, cuando menos, ilógica. Pensemos por un momento en los cárteles: son organizaciones criminales transnacionales con un modelo de negocio multimillonario, enfocado en el tráfico de drogas, armas y personas. Su éxito depende de la discreción, la corrupción y de no atraer una atención indeseada. ¿Qué sentido tendría para ellos iniciar una guerra abierta y altamente publicitada contra las fuerzas federales del país que constituye su mercado más grande? Provocar una respuesta militar total de la nación más poderosa del mundo no sería una estrategia de negocio sino un suicidio. Parece más un argumento de una serie de televisión que una evaluación seria de inteligencia.
Este comunicado no surge en el vacío. Es parte de una estrategia de presión más amplia contra México, que incluye tácticas como el anuncio de la cancelación de visas a políticos mexicanos. El objetivo es claro: forzar la cooperación bajo una lógica de ultimátum y generar una narrativa conveniente que sitúe el origen de la “amenaza” al sur de la frontera. Esta retórica ignora deliberadamente que el problema central del narcotráfico es la inmensa demanda dentro del territorio estadunidense. Son las calles, los puertos y los mercados de Estados Unidos donde los estupefacientes circulan, se venden masivamente y generan las ganancias exorbitantes que alimentan a estas organizaciones.
Culpar a México es un ejercicio de hipocresía que exonera a los consumidores domésticos y a las fallas propias en el control del crimen organizado al interior de sus propias fronteras. Y, por supuesto, significa no reconocer que los grandes cárteles, como quiera que se llamen en inglés, operan a sus anchas en territorio estadunidense.
Entonces, si la premisa es tan débil y responde a intereses geopolíticos, ¿cuál es el verdadero propósito de este comunicado? Esta narrativa sirve para justificar y ampliar la persecución inhumana contra un grupo ya vulnerabilizado: las familias y comunidades de origen latinoamericano en Estados Unidos, particularmente las mexicanas.
Al pintar a los cárteles como una amenaza terrorista que se infiltra en las ciudades, se estigmatiza a toda una población. La “cacería de brujas” contra cualquier persona que se parezca al “enemigo” se vuelve permisible. Las redadas, los perfiles raciales y la retórica antiinmigrante reciben un nuevo y potente impulso bajo el manto de la “seguridad nacional”. Inmediatamente se justifica que los agentes se cubran el rostro cuando hacen uso desmedido e ilegal de la fuerza en las redadas, y golpean o asesinan a las personas detenidas.
Finalmente, este tipo de “inteligencia” abarata y desacredita el trabajo de los propios organismos estadunidenses. Al presentar afirmaciones tan grandiosas sin evidencia sólida, el DHS erosiona su propia credibilidad y la de cualquier informe futuro. Reduce la compleja labor de inteligencia a un ejercicio de propaganda, donde el objetivo no es informar, sino asustar y movilizar a la base política.
Es imperativo exigir más. Los gobiernos de México y los demás países de Latinoamérica no tendrían que guardar silencio; por el contrario, es un deber moral denunciar la lógica del pánico con el que el régimen de Trump culpa a los “aliens” de los problemas internos. La verdadera seguridad no se construye sobre cimientos de xenofobia institucionalizada y afirmaciones sin sustento, sino sobre la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos de todos.
No es que nos sorprendan las mentiras de las agencias estadunidenses para justificar sus agresiones. Sólo por poner un ejemplo, no olvidamos las “armas de destrucción masiva” que, juraron, poseía el Irak de Sadam Hussein y que luego de la destrucción de ese país y del asesinato del dirigente tuvieron que reconocer que tales armas no existían.
En efecto, no sorprende que el gobierno estadunidense emita mentiras, sino que sean cada vez más burdas y ni un dejo de dignidad reserve para sus agencias obligadas a difundirlas.
Y. sí, lo que sorprende de este penco comunicado es lo que anuncia, lo que viene…
