- Los amparos de Coca-Cola FEMSA, Herdez, McCormick, Bimbo y ConMéxico fueron desechados o negados.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el último quinquenio la industria de alimentos y bebidas en México ha librado una batalla contra lo inevitable: un país enfermo por el consumo excesivo de azúcar, grasas y sodio.
Primero fue el etiquetado frontal de advertencia impuesto en 2020 y recientemente el impuesto especial a las bebidas azucaradas que autoridades hacendarias y empresas refresqueras, cuyo desenlace fue una negociación con impuestos light. En ambos frentes, el mensaje del Estado fue el mismo: “la salud pública está por encima de la rentabilidad privada”.
Hoy, tras cientos de amparos, campañas mediáticas y presiones empresariales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado el paso a las impugnaciones que pretendían frenar el etiquetado. La guerra legal que encabezaron empresas como Coca-Cola FEMSA, Herdez, McCormick, Grupo Bimbo y Barrilitos terminó en derrota.
El alto tribunal resolvió que las reformas a la Ley General de Salud y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 son constitucionales, necesarias y proporcionales para proteger el derecho a la salud y el acceso a información veraz de los consumidores.
El fin de una ofensiva judicial
Desde 2020, más de 170 amparos fueron promovidos por empresas y cámaras industriales —entre ellas el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico)— alegando violaciones a la libertad de comercio, a los derechos de propiedad industrial y a la libre expresión comercial.
Las compañías argumentaron que los sellos negros de advertencia (“Exceso de azúcares”, “Exceso de sodio”, “Exceso de calorías”) dañaban su imagen de marca y reducían su competitividad.
La Corte no compró el argumento. En resoluciones como las de los expedientes AR 227/2022 (Santa Clara–Coca-Cola FEMSA), AR 465/2022 (Herdez, McCormick) y casos de Grupo Bimbo, los ministros reiteraron que el etiquetado frontal cumple con estándares internacionales y responde a una política pública basada en evidencia científica.
“No hay derechos económicos absolutos cuando la salud pública está en riesgo”, sentenció el fallo.
Los impuestos que encendieron la mecha
El conflicto, sin embargo, no nació con las etiquetas. Su origen está en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, aplicable a partir de 2026 y que ha sido impulsado históricamente por organizaciones civiles y respaldado por la OMS.
El gravamen de 1 peso por litro busca desincentivar el consumo de refrescos, pero encendió una guerra política y mediática que llevó a una negociación en la que se acordó que el gobierno sólo aplicará el impuesto a bebidas producidas con azúcar, no al resto de las versiones light y sin azúcar, y el compromiso de las refresqueras de reformular el contenido de la bebida.
La industria alegó que el impuesto afectaba empleos y economía familiar, pero los datos del Instituto Nacional de Salud Pública mostraron que la primera ocasión en que se implementó el impuesto de 1 peso por unidad en 2014, se observó una reducción del 6 al 10% en el consumo per cápita de refresco y un aumento del consumo de agua embotellada así como bebidas sin azúcar.
Con ambas medidas, México se convirtió en un laboratorio regional de salud pública, seguido de cerca por Chile, Perú y Argentina, que adoptaron esquemas similares.
La obesidad como enemigo común
Las cifras lo explican todo: México ocupa los primeros lugares mundiales en obesidad infantil y en consumo de refrescos. El gasto sanitario derivado de la diabetes supera los 250 mil millones de pesos anuales, y la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que el país enfrenta una “epidemia metabólica” con altos costos humanos y financieros.
El etiquetado frontal y los impuestos son, según la Secretaría de Salud, las dos pinzas de una misma estrategia: modificar hábitos de consumo mediante información clara y estímulos económicos.
Y aunque la resistencia empresarial fue feroz, la evidencia ha ido del lado de las autoridades: más de 1,200 productos reformulados, ventas de refrescos que se han desplazado hacia versiones sin azúcar y consumidores más conscientes.
De la Corte al carrito del súper
La SCJN ha puesto punto final a los litigios principales. Los amparos de Coca-Cola FEMSA, Herdez, McCormick, Bimbo y ConMéxico fueron desechados o negados.
La Corte sostuvo que los derechos de libertad económica no son absolutos cuando colisionan con la protección de la salud y el interés superior de la niñez.
Incluso las restricciones al uso de personajes animados o caricaturas en empaques fueron validadas como medidas razonables para evitar publicidad engañosa dirigida a menores.
Hoy, todas las empresas están obligadas a cumplir íntegramente con la NOM-051, y el debate se ha desplazado de los tribunales a los laboratorios de innovación alimentaria.
La nueva competencia ya no es por quién vende más, sino por quién logra endulzar menos sin perder al consumidor.
