- Aprovechan personas con discapacidad y representantes la consulta pública convocada por la Supremas Corte para denunciar las sistemáticas formas de exclusión de que son objeto.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La primera audiencia pública convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue una radiografía viva de las múltiples formas de exclusión que enfrentan las personas con discapacidad en México. El eje del debate se expresó en la pregunta: ¿es válido invalidar una norma por no haber sido consultada previamente con las personas afectadas, aun cuando la norma es benéfica para ellas?
La discusión de estas audiencias tiene como trasfondo la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, que cuestiona disposiciones de su propia ley orgánica. El argumento: dichas reformas —relativas a visitas a instituciones como albergues y centros psiquiátricos— no fueron consultadas con personas con discapacidad, lo que las vuelve, a su juicio, inválidas.
La ministra Lenia Batres explicó que la Corte ha invalidado desde 2016 al menos 50 normas por esta omisión. Sin embargo, advirtió que en el 94% de los casos las disposiciones anuladas expandían derechos o regulaban su ejercicio. A partir de ello, propuso matizar el criterio que exige invalidar automáticamente normas no consultadas, especialmente si replican textualmente mandatos constitucionales o internacionales.
Pero la propuesta generó resistencias. Miguel Ángel Miranda, representante de la Alianza Morelense de Asociaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, compartió su preocupación: limitar la capacidad de impugnación a los cinco sujetos legitimados, y que ellos sólo actúen a petición de al menos quince personas con discapacidad, sería —dijo— un retroceso.
“No todos pueden salir de casa o tienen acceso a internet. ¿Cómo se van a organizar para juntar firmas?”, cuestionó. Recordó, además, que en el pasado la Comisión de Derechos Humanos de su estado se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad, pese a su solicitud formal, contra una ley que conculca sus derechos político-electorales.
Desde Michoacán, Ángel Ibarra Jasso alertó sobre la exclusión persistente. Aseguró que incluso acciones afirmativas en materia electoral son a veces ocupadas por personas sin discapacidad real, mientras que quienes sí la tienen enfrentan obstáculos sistemáticos para participar en la vida pública. Añadió que obligar a las personas con discapacidad a solicitar formalmente las acciones de inconstitucionalidad podría exponerlas a presiones o represalias.
A su vez, Luis Edgar Sánchez, con discapacidad psicosocial, denunció las condiciones de abandono y abuso en centros psiquiátricos. Contó cómo ha sido ignorado por autoridades estatales y federales, y cómo ha tenido que recurrir al amparo para defender su derecho a una pensión. “He sido perseguido por luchar por mi comunidad. No hay justicia para nosotros en los estados”, afirmó.
Patricia Brogna, académica de la UNAM, fue clara: la propuesta es regresiva. “No se trata solo de participar, se trata de garantizar el derecho a consulta”, insistió. Reclamó la ausencia de mecanismos institucionales permanentes que aseguren esa participación, y propuso replicar modelos como el protocolo de consulta vigente para pueblos indígenas y afromexicanos.
La intervención de María Guadalupe Pinto, desde Tijuana, expuso otra arista: la educación. Denunció que el sistema escolar aún rechaza o margina a niños con discapacidad, y urgió a que la figura de la “maestra sombra” sea reconocida en la ley. “El Estado debe garantizar esta función, no cargarla a las familias”, subrayó.
Finalmente, Víctor Hugo Núñez, del Movimiento Morelense por la Discapacidad, abordó el impacto de la reciente reforma a la Ley de Amparo, que —según expuso— eleva las barreras para litigar colectivamente en defensa de sus derechos. “La exigencia de demostrar afectaciones individuales dificulta el acceso a la justicia para nuestras comunidades”, afirmó.
