- La Suprema Corte de Justicia está por reactivar un enfrentamiento entre el Congreso estatal y el gobernador Samuel García, al resolver una controversia constitucional que le quitaría atribuciones constitucionales al Ejecutivo.
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MONTERREY, NL.- La Suprema Corte de Justicia está por reactivar un enfrentamiento entre el Congreso estatal y el gobernador Samuel García, al resolver una controversia constitucional que le quitaría atribuciones constitucionales al Ejecutivo.
La ministra Loretta Ortiz difundió ayer un proyecto de sentencia que declara la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Ejecutivo al no publicar el Decreto 340 del Legislativo, aprobado el 22 de febrero del 2023 por la mayoría del PAN y del PRI, en medio de la disputa política y legal entre ambos Poderes estatales.
Ese decreto modifica 27 artículos de la Constitución estatal que, entre otros efectos, le quitan al Ejecutivo facultades para intervenir en la elección del fiscal general.
Además, da facultades a los diputados para elaborar el Presupuesto estatal si éste no es enviado por el gobernador dentro del plazo que establece la ley, como ocurrió dos años seguidos.
El decreto establece que el Congreso podrá destituir funcionarios estatales mediante una “moción de censura” que deben aprobar dos terceras partes de los diputados.
Además de omitir la publicación de estas reformas en el Periódico Oficial del Estado, el gobernador intentó sin éxito vetarlas y promovió un juicio de amparo ante un Juez de Reynosa, Tamaulipas.
Por su lado, las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena presentaron en la Corte una acción de inconstitucionalidad, que fue desechada.
Mientras tanto, el Congreso presentó la controversia 171/2024 por la no publicación del decreto, y ahora la sentencia está programada para votarse el próximo lunes en el pleno de la Corte.
El proyecto circulado por la ministra Ortiz obligaría al gobernador a publicar las reformas en un plazo de 15 días hábiles.
Sin embargo, la sentencia aún podría cambiar o no votarse ese día.
“Se declara la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León al no publicar el Decreto 340, aprobado en el Congreso de esa misma entidad”, indica el proyecto de sentencia, disponible en el listado de temas por resolver.
“Se ordena al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León que, en un plazo de 15 días hábiles, por sí o por conducto de sus subordinados, jerárquicos, en este caso el secretario general de Gobierno o la persona responsable del Periódico Oficial de la entidad, publique el Decreto 340”.
