José Réyez
La retórica belicista que el presidente Donald Trump y algunos sectores políticos de Estados Unidos promueve la idea de una intervención militar contra los cárteles mexicanos no es solo irresponsable: es un polvorín geopolítico listo para estallar.
Bajo el disfraz de una solución rápida y contundente al narcotráfico —especialmente ante la crisis por fentanilo que ha triplicado las muertes por sobredosis en ese país—, lo que realmente se esconde es una amenaza profunda contra la soberanía, la estabilidad regional y cualquier posibilidad de cooperación bilateral efectiva.
Brian Funacone, exfuncionario del Departamento de Estado y doctor por la Universidad de Oxford, lo advierte con claridad: promover la idea de que Estados Unidos podría usar la fuerza militar en México es, en el mejor de los casos, contraproducente y, en el peor, “realmente peligroso”.
Sin embargo, esa idea ha ido ganando terreno, materializándose en iniciativas legislativas como la llamada Resolución de AUFM (Autorización para el Uso de la Fuerza Militar), presentada en 2023 por los republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz.
Este proyecto, redactado con un lenguaje deliberadamente amplio —y que recuerda peligrosamente a la autorización que siguió a los atentados del 11 de septiembre—, otorgaría al presidente de Estados Unidos facultades casi ilimitadas para atacar lo que él determine como “organizaciones afiliadas” al narcotráfico.
No se trata de una declaración de guerra formal, pero bien podría funcionar como un “cheque en blanco” para iniciar hostilidades sin consultar al Congreso, e incluso sin notificarlo.
La gravedad de esta propuesta no es abstracta. De convertirse en ley, no solo autorizaría ataques con drones u operaciones encubiertas; también abriría la puerta a una invasión y ocupación de México, bajo el argumento de que el país es un “Estado afiliado” a los cárteles. Es difícil imaginar un escenario más destructivo para la relación bilateral, la economía regional y la seguridad de millones de personas.
Pero la AUFM no es el único gesto alarmante. Otras iniciativas, como la Ley del Proyecto Precursor —que clasificó al fentanilo como arma química—, podrían utilizarse para justificar agresiones militares bajo el ambiguo paraguas de la “legítima defensa” o el “interés nacional”, tal como ocurrió con los bombardeos en Siria en 2017 y 2018, ampliamente condenados por violar el derecho internacional.
Quienes defienden estas medidas suelen presentarlas como símbolos de determinación. Pero un símbolo, cuando se trata de guerra, puede convertirse rápidamente en realidad. Y en este caso, la realidad sería catastrófica.
En primer lugar, México ha dejado claro que se opone rotundamente a cualquier acción militar extranjera en su territorio. Cualquier operación estadounidense se realizaría, por tanto, sin consentimiento, violando el derecho internacional y anulando décadas de cooperación en seguridad. Lejos de debilitar a los cárteles, esto fragmentaría los esfuerzos conjuntos, empujaría a México a suspender su colaboración antidrogas y fortalecería la narrativa antiestadounidense en la región.
En segundo lugar, una intervención militar —incluso si se limita a ataques “simbólicos”— ignora la naturaleza compleja del crimen organizado. Los cárteles no son ejércitos convencionales; son redes flexibles, con tentáculos financieros, políticos y sociales en ambos lados de la frontera. Bombardear laboratorios no acabará con el lavado de dinero, la corrupción estatal ni el flujo de precursores químicos desde Asia. Tampoco resolverá la demanda de drogas en Estados Unidos, motor principal del negocio.
Funacone lo resume con precisión: la solución no está en la fuerza bruta, sino en una estrategia calibrada que combine judicialización sistemática, desmantelamiento de redes logísticas, combate a la corrupción, combatir el tráfico de armas y, crucialmente, la creación de alternativas reales para quienes hoy ven en el crimen organizado su única opción.
México necesita apoyo, no misiles. Cooperación en inteligencia, rastreo financiero, control de precursores y fortalecimiento institucional. También se requieren esfuerzos multilaterales, incluyendo a China, principal fuente de los químicos para fabricar fentanilo.
La tentación de la mano dura es comprensible en el plano político, pero es una fantasía letal. Los líderes de opinión, legisladores y responsables de políticas en Estados Unidos deben rechazar con firmeza estas propuestas antes de que adquieran una legitimidad que no merecen. La seguridad regional no se construye con guerras, sino con alianzas. Y esta, sin duda, es una guerra que no debe comenzar.
