Libran castigo penal por fraude al AICM; se le caen pruebas a FGR

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  • Un tribunal federal canceló, en forma definitiva, el proceso iniciado a dos ingenieros de la empresa Provetecnia, por un presunto fraude al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal canceló, en forma definitiva, el proceso iniciado a dos ingenieros de la empresa Provetecnia, por un presunto fraude al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que habría ocasionado un daño a la hacienda pública de 229.3 millones de pesos.

El tribunal confirmó la no vinculación a proceso y el sobreseimiento o cancelación definitiva de la investigación contra Iván Pabel Ruiz Chacón y Rai Liverpool Paul Orozco Olvera, un fallo con alcance de sentencia absolutoria.

Por unanimidad, los tres magistrados que integran el colegiado determinaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció ningún argumento sólido para procesar penalmente a los imputados, según la sentencia a la que se tuvo acceso.

A Ruiz y Orozco les atribuyeron los delitos de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades.

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Los hechos atribuidos derivan del contrato que el AICM adjudicó en forma directa el 30 de noviembre de 2021 a Provetecnia por 422 millones 275 mil 178.15 pesos, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros de revisión y equipos de seguridad de las marcas L3Communications y CEIA.

El contrato comprendía 72 máquinas de rayos X, 22 detectores de metales pórticos CEIA, 61 trazas de detectores de explosivos Leidos y 16 detectores de explosivos Leidos con tomografía.

El 6 de marzo de 2023 el AICM, ya bajo el mando del Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, denunció el supuesto fraude en el convenio.

La querella ante la FGR refería que Provetecnia y los funcionarios del aeropuerto presumiblemente se confabularon para simular los trabajos de mantenimiento a los equipos de seguridad de las terminales 1 y 2.

Señaló que el AICM pagó el mantenimiento de aparatos que estaban fuera de operación, como un tomógrafo Examiner 3 DX 6500 y cuatro detectores de explosivos QS-H150.

Del monto total del contrato, el aeropuerto pagó 229 millones 301 mil 253 pesos.

Una de las pruebas cruciales en este asunto, es una carta enviada por el fabricante Leidos en la que negó haberle otorgado licencias de mantenimiento y certificaciones de capacitación técnica a Provetecnia.

Con base en esa misiva, la FGR imputó a la proveedora de haber entregado documentos falsos para conseguir el contrato.

En marzo del año pasado, un juez de control federal del Reclusorio Sur determinó no vincular a proceso y sobreseer la investigación en favor de cinco ex funcionarios del AICM y tres ex empleados de Provetecnia, entre ellos Ruiz y Orozco, al estimar que el caso carecía de méritos.

Sobre la carta de Leidos, el juez la determinó que era una prueba ilícita porque se obtuvo por un correo electrónico del fabricante estadounidense y no a través de una solicitud de asistencia jurídica internacional, requisito para que el documento tenga validez legal.

La FGR apeló el fallo y el 29 de noviembre un tribunal de alzada confirmó la no vinculación a proceso, aunque revocó la cancelación absoluta del caso, lo que permitía a la FGR continuar con la investigación.

Los dos imputados promovieron un amparo, que ganaron en las dos instancias, para el efecto de que les repusieran el procedimiento. Como consecuencia, ahora el tribunal de apelación dictó el fallo que convirtió a Ruiz y Orozco en los primeros en librar esta imputación en definitiva.

En tanto, los otros seis imputados están a la espera de que un tribunal colegiado les resuelva sus amparos.

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