- La población del sur del país está desplazándose de manera forzada a Tijuana, Baja California.
STAFF / AR
TIJUANA, BC.- La población del sur del país está desplazándose de manera forzada a Tijuana, Baja California, principalmente por amenazas, miedo a la violencia, por las extorsiones o “cobros de piso”; revela un estudio del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
El estudio fue realizado con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Todas las personas en situación de desplazamiento forzado interno (DFI) entrevistadas en este estudio dejaron sus lugares de origen debido a la violencia”, subraya el texto de los académicos Ietza Bojórquez, Israel Ibarra-González y Gabriel Humberto Pérez Deperou del Colef.
El 61.8% de la población entrevistada se desplazó porque recibió amenazas, seguido por el 47.3% que tuvo miedo a la violencia, y un 27% por cobro de piso, según las entrevistas hechas para el estudio en Tijuana en 2023.
Las respuestas no son excluyentes entre sí (podrían ser combinadas), debido a que los porcentajes no suman 100 por ciento, acotó el Colegio.
El estudio encontró que la mayoría de las personas en situación de desplazamiento forzado son originarias de Michoacán o de Guerrero, y en menor medida del Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y la propia Ciudad de México.
El trabajo ofrece una aproximación sustentada; no sólo al tipo de violencia que sufren los connacionales, sino de la invisibilidad de la problemática en los gobiernos y medios de comunicación.
La metodología de este trabajo incluyó entrevistas que representaron a 984 personas en Tijuana y un estudio cualitativo en Ciudad Juárez, Chihuahua; así como otra parte en Michoacán, las conclusiones fueron presentadas en octubre, en el Antiguo Palacio Municipal, en el municipio bajacaliforniano.
Los motivos principales de los desplazados para salir de su lugar de origen incluyen amenazas, miedo a la inseguridad o violencia, extorsiones, atestiguar delitos, desaparición de familiares, violencias físicas, robos y asaltos, violencia sexual, discriminación, castigos en la comunidad y desastres con respecto al medio ambiente.
El Colef recopiló el siguiente testimonio de un maestro que vivió un atentado en la escuela donde laboraba.
“En una ocasión en la que estaba dando clases dejaron caer un dron con una bomba molotov en nuestra escuela, la siguiente vez fue una bomba real que cayó sobre la escuela. Vi a tres de mis pequeños niños heridos. Eso fue bastante para mí (para salir)”, aseguró el docente.
Víctimas de violencia de género y por razones políticas
Entre las aportaciones del estudio está que -además de las violencias comunes a hombres y mujeres como el cobro de cuotas a propietarios de negocios, el despojo de tierras o el secuestro con fines de extorsión- las situaciones de violencia narradas por las personas entrevistadas tienen aspectos de género claramente delineados.
En el caso de los hombres, expuso el estudio, hay un riesgo importante de ser obligados a participar en actividades criminales; situación que afecta especialmente a jóvenes y adolescentes.
“Entre las mujeres, la violencia familiar o de pareja, el secuestro y la violencia sexual estuvieron entre las diez primeras razones de haber dejado su lugar de origen”, acota el documento.
Los testimonios también exaltan la violencia del crimen organizado por disputas políticas, es decir, hay una amalgama entre esos dos grupos. “Además de mezclarse con la violencia basada en género, la violencia criminal también (se mezcla con) la violencia política, de modo que las disputas entre grupos políticos pueden involucrar la participación de sicarios y amenazas de muerte”, agrega.
Estas violencias preocupan a las asociaciones civiles que se hacen cargo de los albergues en las ciudades receptoras como Tijuana o Ciudad Juárez, pues casi un 60 por ciento de los entrevistados permanecía en esos sitios.
La seguridad para los desplazados por violencia es el principal requerimiento de las asociaciones civiles a los gobiernos, refiere el estudio.
Y es que al menos un 6.2 por ciento de las personas entrevistadas por el Colef, habían sido víctimas de un delito en su estancia en Tijuana, resaltando el robo, la extorsión o el secuestro.
Las organizaciones de la sociedad civil también subrayaron la necesidad de tener facilidades para que los desplazados inicien o continúen una denuncia de la agresión sufrida en sus lugares de origen, pero desde las ciudades receptoras.
Calificaron como urgente atender la salud mental de quienes llegan desplazados por la inseguridad.
Otro de los hallazgos relevantes del documento es que casi una tercera parte de los desplazados forzados, consultados por el Colef, se consideró indígena.
También entre las personas adultas la proporción de mujeres era mayor, los académicos señalan que es un “patrón frecuente”.
“(Se trata de) mujeres a cargo de niños, niñas y adolescentes; que migran tras la desaparición de los varones adultos o siguiendo a éstos después de que han migrado o se han desplazado”, refiere el documento.
Los académicos concluyeron que esta problemática “silenciosa” deriva de la ausencia de políticas públicas por parte de los gobiernos.
