José Réyez
La prevención y las estrategias en contra del lavado de dinero del crimen organizado son los eslabones más débiles para atender amenazas a la seguridad nacional de México, como el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de personas.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, en su análisis El lavado de dinero y la seguridad nacional en México, advierte que la delincuencia organizada es identificada como la principal amenaza de lavado de dinero en el país, debido a la diversidad de organizaciones, las zonas en las que operan y los delitos que llevan a cabo.
Señala que, a nivel nacional, se identifican ocho organizaciones delictivas: los cárteles Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Juárez, Betrán Leyva, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Arellano Félix, Zetas y Cártel del Noreste.
Dichas organizaciones se caracterizan por la diversidad de sus actividades, así como por su alcance geográfico: el secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, pesca ilegal, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico y narcomenudeo.
El investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierte que, a pesar de que no hay reportes oficiales, la mayoría de la literatura especializada estima que buena parte de las ganancias criminales lavadas provienen del tráfico de drogas, el tráfico de armas y los crímenes de cuello blanco.
“Entonces, para el desarrollo y funcionamiento de las organizaciones criminales, el lavado de dinero es algo esencial debido a que muchas de sus actividades son realizadas con dinero en efectivo, por lo que no se tiene un registro bancario de éstas de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, apunta.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018, la UIF realizó bloqueos por solamente 17 millones de pesos a 52 personas, lo que representa la cifra más baja desde 2015.
En contraste, hasta noviembre de 2019, la UIF realizó bloqueos por 5 mil 352 millones de pesos a 858 personas.
La UIF en 2025: Millones de reportes, pocas denuncias y el desafío de desbloquear fondos
La UIF recibió millones de reportes, presentó 103 denuncias, y manejó temas de bloqueos y desbloqueos de fondos. La tabla de suspensiones definitivas muestra cantidades enormes, especialmente en 2023 y 2024, lo que podría ser el gancho principal.
El contraste entre la gran cantidad de reportes y las pocas denuncias, las actividades vulnerables, los bloqueos, son los desafíos legales que enfrenta la UIF.
Entre enero y agosto de 2025, la UIF recibió la asombrosa cifra de 18.7 millones de reportes de operaciones financieras y casi 6 millones de avisos de actividades vulnerables.
Sin embargo, de ese océano de datos, solo emergieron 103 denuncias formales contra 699 personas. Una relación que refleja el complejo filtro al que se somete la información en la lucha contra el lavado de dinero del crimen organizado y el financiamiento al terrorismo.
Los números, contenidos en el Informe de Actividades de la UIF 2025, detallan que la mayoría de los reportes provinieron del sistema financiero: 9.1 millones fueron por operaciones relevantes, seguidos por 6.4 millones por transferencias internacionales de fondos y 2.6 millones por operaciones con dólares en efectivo.
En el ámbito de las actividades vulnerables, es decir, aquellas susceptibles de ser utilizadas para ocultar recursos ilícitos, destacan las tarjetas prepagadas y monederos electrónicos (1.8 millones), el traslado o custodia de valores (1.2 millones) y la compraventa de vehículos (795 mil).
Llama la atención el registro de 241,971 avisos por operaciones con activos virtuales, un sector en creciente vigilancia.
Como resultado de su análisis, la UIF no sólo presenta denuncias, sino que también puede incorporar preventivamente a personas a la Lista de Personas Bloqueadas. En el periodo, se emitieron 21 acuerdos de este tipo.
No obstante, el sistema judicial ha tenido un papel crucial en la modificación de estas medidas. El informe revela que, como resultado del cumplimiento de 193 suspensiones definitivas decretadas por juicios de amparo, se desbloquearon recursos por 23,200 millones de pesos, 135 millones de dólares y 20,400 euros.
La tabla histórica de suspensiones muestra que, si bien en 2025 las cifras desbloqueadas son menores en comparación con años pico como 2019 o 2023, el proceso de revisión judicial sigue siendo una vía activa para la recuperación de fondos congelados.
La carga legal: amparos y juicios
La UIF también reporta una carga administrativa y legal significativa. De enero a agosto, atendió 638 demandas de amparo, realizó 34 audiencias y registró 239 ejecutorias de amparo concedidas. Además, enfrenta 64 juicios contenciosos administrativos.
Estos datos pintan un panorama de una institución que navega entre la recepción masiva de información, la toma de decisiones de alto impacto y la constante revisión de sus actos por parte de la justicia.
El desafío sigue siendo traducir la inteligencia financiera en acciones efectivas, dentro de un marco de legalidad que garantice los derechos de los investigados.
Todavía quedan caminos que recorrer sobre todo en dos sentidos: la evaluación y el mejoramiento de la figura de extinción de dominio y la defraudación fiscal como fenómeno que puede proveer el escenario para el lavado de dinero.
A nivel nacional, prevalecen dos grandes amenazas que deben de ser vistas a través de un enfoque antilavado: la delincuencia organizada y la corrupción, y la colusión entre ambas que permean en la sociedad mexicana.
A pesar de los avances en esta materia, sigue siendo necesario desarrollar un enfoque centrado en analizar el uso de recursos de procedencia ilícita como generadores de violencia e inestabilidad en el país.
