- El Gobierno de Veracruz reformó la estructura interna de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y creó la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE).
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Gobierno de Veracruz reformó la estructura interna de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y creó la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE).
El propósito es vigilar el uso del erario, detectar irregularidades y evitar que recursos públicos terminen en redes de corrupción o en operaciones ilícitas.
El cambio quedó formalizado en el decreto publicado en la “Gaceta Oficial del Estado”, que modificó el Reglamento Interior de Sefiplan.
Dio origen a la nueva Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; por eso, con estas áreas, el gobierno busca reforzar los mecanismos de fiscalización y cerrar brechas de opacidad en el gasto estatal y municipal.
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La UIFE tendrá facultades para revisar información contable y fiscal de todas las dependencias, cruzar bases de datos, detectar movimientos financieros irregulares y dar seguimiento a posibles casos de desvío de recursos, lavado de dinero o uso ilícito de fondos públicos.
También operará como enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera federal en investigaciones más amplias.
Especialistas en rendición de cuentas han señalado que, en Veracruz, la vigilancia del gasto ha sido una demanda constante de organizaciones ciudadanas y entes fiscalizadores.
Esto, luego de años de observaciones y señalamientos por irregularidades y mal manejo del presupuesto público en distintas administraciones.
Con la nueva UIFE, el gobierno afirma que se podrá dar seguimiento más oportuno a operaciones sospechosas.
El decreto también establece la creación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, encargada de atender solicitudes ciudadanas, difundir datos de oficio y mantener actualizados los portales institucionales sobre contratos, presupuesto y licitaciones.
Con esto se pretende garantizar el derecho de la población a conocer cómo se usan los recursos públicos y quiénes son los beneficiarios de la obra y el gasto gubernamental.
La apuesta, informó Sefiplan, es que la supervisión financiera y la transparencia se conviertan en una política permanente para reducir riesgos de corrupción, mejorar la confianza ciudadana y asegurar que los recursos lleguen a donde deben: programas, servicios y obras públicas.
