- Una ex funcionaria del Instituto Nacional de Neurología, pasó cinco meses en la cárcel porque su identidad fue usada para constituir un sindicato “fantasma” que lavó 329 millones de pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una ex funcionaria del Instituto Nacional de Neurología (INN) pasó cinco meses en la cárcel y tiene en puerta un juicio en el que se ha pedido condenarla a 35 años de prisión, porque su identidad fue usada para constituir un sindicato “fantasma” que lavó 329 millones de pesos.
La acusada es Aracely Ciriaco Arroyo, quien hasta el día de su captura era subdirectora de Recursos Materiales del INN y tenía una trayectoria de 28 años en Órganos Internos de Control del Gobierno Federal.
De hecho llegó a ser titular de los OICs del Colegio de Bachilleres y del Instituto Nacional de Psiquiatría.
La mañana del 17 de septiembre del 2024 Ciriaco fue detenida en Topilejo, cuando salía a trabajar, con base en una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según cuenta, ella no tenía la menor idea del motivo de su captura y hasta pensó que se trataba de una confusión, sin embargo, la mujer de 51 años pasó los cinco meses siguientes en el Penal Federal Femenil de Morelos.
Fue hasta su audiencia inicial cuando se enteró que el problema tenía su origen en el hecho de que su nombre aparecía en el acta constitutiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demolición, Trituración y Similares de la República Mexicana.
El documento registrado en la Notaría 250 de la Ciudad de México, establece que Ciriaco supuestamente firmó como vocal de la Comisión de Honor y Justicia el acuerdo de la asamblea de creación del sindicato, el 10 de febrero de 2012.
En los antecedentes, se menciona que era recepcionista de Masiso de México S. A. de C. V., una de las tres empresas agremiadas al sindicato en la fecha de su constitución.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, de 2014 a 2015 el sindicato recibió 329 millones 166 mil 324.20 pesos de nueve empresas.
SINDICATO FANTASMA
Cuando la FGR indagó el caso, lo primero que detectó es que no existía un registro patronal del sindicato ante el IMSS, tampoco tenía domicilio y, oficialmente, no contaba con una plantilla de trabajadores.
Además, confirmó que tres de las compañías que le hicieron los depósitos habían sido declaradas como “factureras” por el SAT y las otras seis operaban de manera similar, es decir, eran de “papel”, ya que no contaban con infraestructura, personal registrado ni activos.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México también informó a la FGR que no encontró registro de los contratos colectivos entre algunas de esas empresas y el sindicato.
De hecho, la Fiscalía también advirtió que cuando en el 2014 el sindicato otorgó un poder a Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, su secretario general, esa acta fue protocolizada con una credencial para votar del dirigente cuya vigencia había vencido desde el 2012.
El Notario Público 250 de la Ciudad de México, Antonio López Aguirre, le respondió a la FGR que esa inconsistencia era “irrelevante”.
SIN PRUEBAS
De acuerdo con la acusación, no hay documentos de identidad de Aracely Ciriaco Arroyo en las actas del sindicato, ella tampoco es persona autorizada en las cuentas bancarias del gremio y tampoco hay registro de depósitos injustificados a sus cuentas personales.
El domicilio de Masiso, empresa que la registró como recepcionista, es inexistente; y tampoco existe un dictamen de grafoscopía que corrobore que la firma que aparece en las actas del sindicato corresponde a Ciriaco.
La razón: el pasado 31 de marzo la perito de la FGR, Nahila Griselfa Mancera Ávila, informó al fiscal encargado del caso que no existe ningún documento original con la firma de Ciriaco.
“Las firmas que obran en los documentos señalados como cuestionados no se encuentran en original, sino que son producto de reproducción por copia fotostática (…) Por lo que no son idóneas para llevar a cabo el estudio”, dijo la especialista.
La ex funcionaria salió el 18 de febrero de este año en libertad provisional y continúa su proceso con un brazalete electrónico y la prohibición de salir del país.
El próximo 24 de noviembre iniciará su juicio en el que la FGR ya adelantó en su escrito de acusación que pedirá imponerle una condena de 35 años de prisión.
El nombre de Ciriaco no es el único que fue usado para constituir este sindicato “fantasma”.
Antes que ella, Jorge Ibáñez Perea, de 70 años de edad, inscrito como secretario de actas del sindicato, libró la imputación porque el juez de la causa concluyó que su identidad había sido usurpada.
Y LA DEMANDAN POR “ABANDONO”
Los problemas legales de la ex contralora están lejos de terminar, ya que al salir de la cárcel se enteró que el INN había presentado una demanda en su contra por abandono de labores.
“Para mí esto es una injusticia, para un servidor público de 28 años de carrera íntegra, de verdad, hasta que estuve en el penal me di cuenta que le entregué mi vida al Gobierno, en promedio 28 años de mi vida, o sea, vean todas mis declaraciones patrimoniales, mis declaraciones fiscales y se van a dar cuenta, yo hice la cuenta de cuánto gané en cada institución por el periodo que yo estuve trabajando en el gobierno, matándome, donde no comía, no salía mis horas, no nada”, lamenta en medio del llanto.
“Y que ahora que me demanden me parece tan absurdo, porque me dediqué a arreglar al INN en todo el tema de las compras, le di mi vida al Insabi haciendo las compras de la pandemia, cuando todo mundo estaba escondido por el miedo de contagiarse, yo estaba haciendo las compras de la pandemia como subdirectora”.
“No es justo que hoy por una mala investigación, por unas personas que no saben hacer su trabajo, yo esté aquí, la verdad me parece tan injusto”.
