- La nueva Ley General de Extorsión reducirá, en al menos 13 estados, las penas previstas para los casos más graves.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Ley General de Extorsión reducirá, en al menos 13 estados, las penas previstas para los casos más graves, al uniformar a nivel nacional un máximo de 25 años de prisión para este delito.
Además, la ley beneficiará retroactivamente a extorsionadores ya sentenciados, que en algunos casos han recibido condenas de más de 40 años, pues les aplicará la figura conocida como traslación del tipo penal, del tal forma que su pena quedará en no más de 25 años.
La iniciativa del Ejecutivo, ya aprobada por la Cámara de Diputados, advierte que la tendencia a imponer penas de hasta 70 años de cárcel por casos agravados de extorsión no es sostenible, pues la Suprema Corte de Justicia ha establecido que se trata de un castigo desproporcionado.
Lo anterior, debido a que las sanciones por extorsión agravada en varios estados ya son exageradamente más altas que por extorsión simple o por delitos similares.
Pero el tema no está totalmente resuelto en la Corte. La nueva integración iba a discutir el pasado 22 de octubre un proyecto que reiteraba este criterio en relación con el Código Penal del Estado de México, donde siete modalidades de extorsión tienen pena de 40 a 70 años.
En ese caso, que no ha sido resuelto, el quejoso fue condenado a 43 años por intentar una extorsión haciéndose pasar por miembro de la organización criminal La Familia Michoacana, pero el proyecto en la Corte ordena reducir su condena a un máximo de 14 años.
La Primera Sala de la anterior Corte concedió dos amparos similares. Un integrante de una banda de extorsionadores que se hacían pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, logró reducir su condena a máximo 17 años.
Pero los ex Ministros Jorge Pardo y Margarita Ríos Farjat votaron en contra de estos amparos, por lo que el criterio, hasta la fecha, no es obligatorio para los Jueces.
“(Las penas de 40 a 70 años) resultan razonables considerando los fines perseguidos por el legislador, frente a la intensa afectación que el ilícito de extorsión agravada produce a los distintos bienes jurídicos que se ven involucrados en su comisión”, sostuvo Ríos Farjat en un voto particular.
Las calificativas para agravar el delito varían en cada estado. Jalisco toma en cuenta si el extorsionador tuvo o no éxito y si usa medios electrónicos; Oaxaca, considera el monto del dinero obtenido; San Luis Potosí, se enfoca en empleados bancarios que aprovechen información de los clientes, mientras que en Nuevo León se da importancia al daño psicológico.
La nueva ley parte de una pena básica de 6 a 15 años por extorsión simple, y tiene tres niveles de agravantes. Para el más alto, el rango será de 9 a 25 años.
El nivel tres de agravante incluye el uso de violencia física, uso de armas u objetos parecidos, el montaje de todo tipo de accidentes, ostentarse como miembro de la delincuencia organizada, estar internado en un penal, que se utilice a menores de edad, que intervengan dos o más personas, así como funcionarios o ex funcionarios de Gobierno.
Además, la nueva ley eliminará cualquier derecho de libertad anticipada, preliberación, sustitución o conmutación de la pena.
