Zósimo Camacho
En los pasillos de la justicia agraria mexicana persiste una anomalía que compromete la imparcialidad y la esencia misma de la institución. Un grupo de magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios continúa ejerciendo sus funciones a pesar de que sus periodos de nombramiento original han expirado, algunos desde hace casi una década.
Se trata de una lista de al menos 23 togados, la mayoría designados durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), cuyos términos de 6 años –establecidos por la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios– vencieron entre 2016 y 2024, sin que el Senado de la República haya procedido con el proceso constitucional de ratificación.
Esta situación crea un limbo jurídico y político de graves consecuencias. El artículo 17 de la ley en cuestión es claro: los magistrados duran 6 años en su encargo y, “si concluido dicho término, son ratificados, serán inamovibles”. La falta de ratificación significa que estos funcionarios carecen de dos garantías: la validez de sus sentencias y la de inamovilidad, lo que en teoría los haría más vulnerables a presiones políticas. Sin embargo, en la práctica, permanecen en sus puestos, tomando decisiones que afectan directamente el patrimonio de ejidos y comunidades.
El patrón partidista en estos nombramientos es innegable. De los magistrados con términos vencidos, ocho fueron nombrados por un presidente panista y catorce por un gobierno priísta. Esta circunstancia es crucial para entender las sospechas que recaen sobre la imparcialidad de sus fallos.
Durante los gobiernos de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), existió una clara orientación política y legislativa que buscaba, de manera más o menos velada, desmantelar la propiedad social de la tierra para abrirla al mercado y al capital privado. Muchos de estos magistrados, al no haber sido sometidos al escrutinio de una ratificación, se convierten en operadores judiciales de una agenda que prioriza los intereses individuales sobre los colectivos, fallando recurrentemente con base en filias partidistas y una visión que contradice el espíritu original del marco legal agrario.
La justicia agraria, concebida como un baluarte para proteger los derechos de los campesinos y las comunidades, se ve así fracturada. Magistrados como Lilia Isabel Ochoa Muñoz, en Mexicali, o Rafael Gómez Medina en Chetumal, por citar sólo algunos ejemplos, cuyos términos expiraron en 2016 y 2022 respectivamente, siguen definiendo el destino de tierras que son el sustento de miles de familias. Incluso figuras supernumerarias, como Regino Villanueva Galindo, operan bajo este manto de provisionalidad indefinida.
Resulta sintomático que los únicos magistrados que aparecen en el documento con términos vigentes hasta 2026 y 2027 fueron designados ya durante la actual administración, lo que evidencia un cambio en la procedencia política de los nombramientos, pero no necesariamente una solución de fondo al problema estructural de la no ratificación. Peor aún, al menos en un caso, se ratificó a una magistrada abiertamente neoliberal.
Este estancamiento no es un tecnicismo menor. Es la expresión de una deuda histórica del Estado con el campo mexicano. Mantener en sus cargos a magistrados no ratificados, muchos de ellos vinculados a proyectos políticos que buscaban el fin del ejido, erosiona la confianza en la justicia y perpetúa un sistema donde la ley no se aplica con neutralidad, sino según el color del gobierno que hizo el nombramiento.
La solución pasa por que el Senado asuma su responsabilidad constitucional: evaluar, y en su caso ratificar o remover, a estos magistrados. Y, claro, por que la presidenta de la República envíe las propuestas de nuevos titulares con, sería de esperarse, nuevos perfiles que defiendan la propiedad social de la tierra. Sólo así se comenzará a sanar una de las heridas más profundas en el corazón del campo mexicano. La justicia no puede seguir ejerciéndose desde una silla vacía de legitimidad.
Cabe destacar los Tribunales Agrarios ya padecen a magistrados inamovibles con perfiles dudosos. Fueron ratificados en tiempos de Felipe Calderón y Peña Nieto; incluso, en un caso, en el de Andrés Manuel López Obrador, como promoción del legislador Ricardo Monreal.
Aldo Saúl Muñoz López, ratificado el 2 de diciembre de 2014, es uno de los perfiles cuestionables. A la menor provocación presume su doctorado, pero se la pasa insultando en redes sociales a quienes van en sentido contrario a los intereses privatizadores que defiende. Se le ve muy suelto para proferir descalificaciones fáciles y creer que ridiculiza incluso a autoridades agrarias. Pero eso no es lo peor. Resulta que está al frente del Tribunal Unitario de Texcoco, uno de los que tienen más asuntos demorados y se la pasa dando conferencias y seminarios ¡por los que cobra!
En rezago tiene más de 1 mil 500 asuntos, pero tiene tiempo de vender cursos, talleres y charlas en diferentes partes del país: en Ensenada, Baja California; Guasave, Sinaloa; Oaxaca, Oaxaca; Texcoco, Estado de México… Todo está en propia página de Facebook, donde promueve las inscripciones (faltaba más) y alimenta su ego.
Como ejemplo, organizó para el pasado 18 de octubre la Jornada Magistral El Proceso Agrario, Sus Notas Distintivas, que se llevó a cabo en el restaurante La Campiña, de Guasave, Sinaloa. En su publicidad refiere el “Precio: $400.00 incluye comida y constancia de participación” (sic).
En otra de sus “invitaciones”, promocionaba su “curso teórico-práctico” que impartiría en la Universidad Innova, de Texcoco, Estado de México. Se desarrollaría durante un mes, de lunes a jueves, de 17:30 a 19:30 horas. Pedía “cuota de recuperación” de 3 mil pesos por inscripción. El mismo día que iniciaba el curso emitió un mensaje para decir que “por cuestiones de índole personal” cancelaba el curso. ¿Alguien le habrá avisado que su cinismo ya había cruzado el umbral de lo tolerable?
¿Y de qué tratan esos cursos del magistrado? ¿De cómo proteger la propiedad colectiva de la tierra acaso? ¿O de cómo disolver ejidos? ¿De cómo burlar y despojar comunidades? Sólo diremos que van dirigidos a bufetes de inmobiliarias y empresas en conflicto con núcleos agrarios.
El pasado 23 de octubre, Aldo Saúl Muñoz López participó en el seminario Derecho Agrario Edición 2025, que organizó la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en el Club de Industriales. En su publicidad, el seminario prometió: “Aspectos fundamentales que debe observar el abogado de empresa para la correcta inversión en tierras ejidales y comunales”. ¿Será que “enseña” qué recovecos legales hay para privatizar propiedad colectiva? La inscripción al seminario tuvo un costo de 6 mil 450 pesos para el público en general y de 5 mil 350 para los miembros de la organización.
Justo es decir que no fue el único servidor público que participó en tal seminario. Le acompañaron otros dos colegas de tribunales agrarios: Ana Lilí Olvera Pérez, titular del Tribunal Unitario Agrario 10, y Alberto Pérez Gasca, integrante del Tribunal Superior Agrario. También, el director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Luz Cruz Nieva; Luis Jiménez Guzmán, director general del Registro y Control Documental, y Luis Eduardo Pacheco Rosas, director de Concertación Agraria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Otro caso es el de Maribel Concepción Méndez de Lara, activa en el sistema de justicia agraria desde la reforma salinista de 1992 y ratificada como magistrada el 28 de febrero de 2019, a inicios del sexenio de López Obrador. Fue promovida por su mentor Ricardo Monreal Ávila. Ya dimos cuenta en una entrega anterior de sus fallos.
Hoy diremos sólo que en libro El Ejido y la Comunidad en el México del Siglo XXI (Porrúa, 2016), concluye que la propiedad colectiva de la tierra debe desaparecer. Argumenta en favor de la disolución de los núcleos agrarios y la privatización de las tierras, como superación de una etapa histórica.
Esa es la ideología de quien fue ratificada para impartir justicia a ejidos y comunidades agrarias en permanente conflicto con inmobiliarias y acaparadores de tierras.
Que la demora del Ejecutivo y el Legislativo para ratificar o proponer nuevos nombramientos sea por la revisión a detalle de los perfiles. Que vengan magistradas y magistrados dispuestos a defender el ejido y la comunidad agraria, la propiedad colectiva de la tierra que asumió la Revolución como una institución a defender, pero que sus raíces se hunden en los albores de la historia mexicana.
