- La Fiscalía General de la República y el gobierno de Nayarit anunciaron la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de tierra en costas, valuados en 50 mil millones de pesos.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República y el gobierno de Nayarit anunciaron la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de tierra en costas, valuados en 50 mil millones de pesos.
Esto, como parte del “Mega Operativo Nuevo Nayarit” para rescatar bienes desviados durante los sexenios de los exgobernadores Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).
“Ya se agotó la última instancia que pudieran tener los querellantes en el proceso que hemos estado llevando a cabo cuanto territorio hemos recuperado, un promedio de 9 millones 620 mil metros cuadrados con un costo promedio que pudiéramos nosotros tener que equivaldría a 50 mil millones de pesos, aproximadamente 50 mil millones de pesos.
“Y si hacemos a un lado los terrenos que están en breña y llevarles servicios públicos serían seguramente 100 mil millones de pesos o más. Reformamos y construimos diferentes leyes, Nayarit ya no venderá terrenos”, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en conferencia de prensa desde las instalaciones de la FGR.
El origen de la investigación se basa en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), con sede en el municipio de Bahía de Banderas, por operaciones de adquisición, arrendamiento, comodato y venta de terrenos con destino turístico entre 2005 y 2021.
Desde 2022, la Fiscalía de Nayarit informó que un juez giró dos órdenes de aprehensión contra el exgobernador Ney González Sánchez por delitos de corrupción y lo señaló como prófugo.
En ese año, indicó que estaban activas fichas rojas de Interpol contra el exmandatario y otro exfuncionario.
En marzo de 2025 se reportó que la FGR solicitó orden de captura federal por un quebranto multimillonario FIBBA, atribuyendo una estrategia delictiva de simulación de pagos durante su administración; la decisión judicial se mantuvo bajo reserva.
En junio de ese año se consignó que una suspensión obtenida por Ney González contra una orden previa fue revocada.
Respecto al otro exgobernador involucrado, Roberto Sandoval Castañeda, se informó que siguen las investigaciones.
No obstante, la fiscal especializada de control competencial de la FGR, Cristina Reséndez, informó que existen indagatorias abiertas, incluso contra un entramado de familiares y empresas de dichos exmandatarios.
“Gracias a este trabajo conjunto se obtuvo la autorización judicial para acceder a información bancaria y asegurar las cuentas relacionadas con las personas imputadas, se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias conocidas y por conocer con un monto total de 7 mil 213 millones de pesos en moneda nacional pertenecientes a 45 personas y 82 personas morales y 82 personas físicas”, dijo Petronilo Díaz Ponce, fiscal general de Nayarit.
“Hoy podemos afirmar que 359 cuentas bancarias se encuentran aseguradas y sus movimientos fueron analizados por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República, que realizó un exhaustivo estudio financiero y patrimonial de los involucrados”.
El gobierno del estado fue apoyado por la FGR para la investigación contra operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y contra la justicia por violaciones a la ley de amparo.
Los predios recuperados se encuentran principalmente en zonas de alta plusvalía: Nuevo Vallarta/Nuevo Nayarit, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita, así como en el municipio de Compostela.
Parte del mecanismo para la recuperación consistió en procesos de rescisiones, nulidades, acuerdos reparatorios y procedimientos administrativos.
El entramado investigado implicó ventas de terreno frente al mar en la zona turística de Nayarit a precios sorprendentemente bajos, reveló Gabriel Camarena, consejero jurídico del gobierno estatal.
“Tierra con un valor tan importante como es la Riviera Nayarit tuvo costo de hasta 50 pesos por el metro cuadrado enfrente del mar”, indicó.
Este tipo de operaciones implica que se simularon actos jurídicos (comodato, arrendamiento, compraventa) para favorecer a particulares y funcionarios, sin que los recursos ingresaran al patrimonio estatal.
*Con información de Agencia Reforma
