POR KUKULKAN
EN EL MÉXICO donde todo es posible —hasta lo imposible— un trabajador que gana 8 mil pesos mensuales puede salir del casino con 50 millones bajo el brazo. No, no es milagro ni suerte bendecida por la Virgen del Jackpot: es apenas uno de los rostros del lavado de dinero made in paraíso fiscal. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su acostumbrada mañanera, quien soltó el ejemplo con la serenidad de quien sabe que el dato se explica solo.
RESULTA que un obrero —cuyo único pecado fue tener un RFC y un historial laboral limpio— apareció como el afortunado ganador de una cifra que ni en tres vidas alcanzaría a ahorrar. Pero no hubo confeti ni champaña; lo que hubo fue usurpación de identidad, y detrás de ella, una maquinaria bien aceitada para blanquear dinero del crimen a través de casinos que funcionan más como lavanderías premium que como centros de entretenimiento.
LO INQUIETANTE no es sólo el monto —50 millones que ni el SAT se explica cómo “ganó”—, sino el descaro con que el sistema ha permitido que un ciudadano común, sin saberlo, se convierta en cómplice involuntario de un esquema financiero transnacional. Dinero que sale de paraísos fiscales, pasa por fichas, ruletas y boletos electrónicos, y termina entrando a México “legitimado” como premio de la suerte. Un círculo tan perfecto que parece diseñado por un genio de Wall Street en alianza con un contador del infierno.
NO SE TRATA de un caso aislado. En los últimos meses, Hacienda bloqueó 13 casinos por operaciones sospechosas: transferencias internacionales, movimientos de efectivo que huelen a pólvora y fichas que valen más que el salario de un juez. Entre los nombres flotan desde operadores modestos hasta grandes corporativos del entretenimiento, todos envueltos en esa neblina de “no sabíamos nada” que ya es la frase favorita del sector.
EL EPISODIO del “obrero millonario” pone rostro humano al problema: alguien de carne y hueso que un día descubre que, en el papel, es rico, pero en la realidad, ni para el camión le alcanza. Y mientras él firma su nómina de 8 mil, su nombre viaja por las Islas Caimán y Luxemburgo en transferencias que justifican fortunas ajenas.
DESDE hace años, los casinos han sido el agujero negro de la regulación mexicana. Codere con su deuda fiscal de más de mil millones, Big Bola con sus cuentas congeladas, PlayCity bajo la lupa del SAT, y los eternos casos de permisos revocados, reaperturas milagrosas y litigios interminables. Todos diferentes, todos parecidos.
LO QUE SÍ cambió es el discurso: ahora, la presidencia exhibe los ejemplos en vivo, con nombre y cifra. Y aunque Sheinbaum no lo dijo con sarcasmo, el país entero escuchó el eco: ¿cuántos trabajadores fantasmas se han “sacado” premios millonarios sin saberlo? El caso podría ser tragicómico si no revelara un patrón estructural: el lavado de dinero disfrazado de suerte.
LA REALIDAD es que mientras el ciudadano promedio juega a sobrevivir quincena a quincena, hay quien usa su identidad para ganar fortunas que luego se legalizan con la bendición de un boleto premiado. La anécdota, además, expone la fragilidad del sistema financiero y del control de identidad. Si alguien puede registrar a un trabajador como “ganador de casino” sin que alguna autoridad haya cruzado datos ni levantado una ceja, es que el juego estaba completamente arreglado. Y no precisamente para el pueblo.
EN ESTE tablero de ruleta nacional, los verdaderos apostadores no son los que lanzan las fichas, sino los que apuestan por la impunidad. Y a juzgar por las cifras, llevan años ganando. La presidenta pidió reforzar los controles, auditar permisos y seguir la ruta del dinero. Ojalá el seguimiento no se quede en el discurso, porque el país ya no necesita más “ganadores” inventados, sino un Estado que deje de jugar a ciegas.
