- La Ley General Contra la Extorsión, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y se discutirá esta semana en el Senado.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley General Contra la Extorsión, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y se discutirá esta semana en el Senado, no resuelve las necesidades estructurales de seguridad pública en los estados y municipios.
“Carece de sustento presupuestal para su implementación”, advirtió la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores.
Un análisis interno de la fracción blanquiazul señaló que, al no incluir partidas de recursos nuevas, la ejecución de la normativa recaerá sobre presupuestos ya comprometidos, generando un efecto de desplazamiento del gasto y debilitando programas prioritarios.
En el Presupuesto de Egresos, de acuerdo con el documento, no se identifican asignaciones específicas para combatir el delito de extorsión.
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La iniciativa que será evaluada en el pleno impone nuevas obligaciones de gasto a la Federación, estados y municipios sin prever recursos adicionales ni fondos compensatorios.
“La cobertura presupuestaria se deja condicionada al noveno transitorio, que dispone que las erogaciones se realizarán ‘con cargo a los presupuestos aprobados’, lo que implica reasignaciones internas y recortes a programas vigentes”, estableció.
En relación con el Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana, el análisis refirió que, si para 2025 se aprobaron 70 mil 422 millones de pesos, para 2026 se programaron 60 mil 110 millones, equivalente a una reducción nominal de 10 mil 311 millones.
“En términos reales, esta reducción equivale a una caída de 18.6 por ciento, afectando directamente las capacidades de operación, equipamiento y modernización institucional”, advirtieron los panistas.
“La disminución compromete la posibilidad de financiar nuevas estructuras como el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión y los sistemas tecnológicos en centros penitenciarios que se proponen en la iniciativa presidencial”.
El análisis se refirió también al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que en 2025 recibió nueve mil 565 millones de pesos y para 2026 prevén nueve mil 951 millones, lo que representa un aumento nominal de 385 millones, pero una caída real de 0.7 por ciento.
“El incremento marginal no compensa las nuevas cargas financieras impuestas a los estados por la ley: modernización de infraestructura, equipamiento tecnológico y coordinación interinstitucional que se requieren con la iniciativa”, alertó.
Ante ese panorama, de acuerdo con la evaluación del blanquiazul, los gobiernos estatales deberán absorber costos de interconexión con el Centro Nacional 089, de instalación de inhibidores en penales y de protección a víctimas sin contar con recursos adicionales, lo que los deja mal parados para atender el problema de la extorsión.
El documento señaló que las principales deficiencias presupuestarias que asoman son la falta de recursos asignados para la creación o fortalecimiento de fiscalías especializadas en extorsión.
Así como para la capacitación, profesionalización y certificación de policías, ministerios públicos y peritos en extorsión.
También alertó por la falta de recursos para infraestructura tecnológica, sistemas de información y laboratorios forenses, además de la ampliación o modernización de centros penitenciarios.
