- Fiscales electorales estatales propusieron a la Presidencia agregar nuevos delitos electorales, pues consideran que la legislación actual está rebasada.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras considerar que la legislación electoral está rebasada, fiscales electorales estatales plantearon a la Presidencia de la República añadir delitos en la materia.
El nuevo catálogo debería incluir desde la violencia política en cualquier modalidad, la usurpación de acciones afirmativas, la manipulación de propaganda en redes sociales, la coacción del voto de personas en prisión preventiva, el retiro o destrucción de propaganda electoral, hasta la distribución masiva de acordeones, propuso la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE).
En un documento entregado al INE, señala que se modificarían seis artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se añadirían otros ocho.
Entre ellos, la compra o coacción de votos, condicionamiento o suspensión de programas sociales, transporte de votantes, proselitismo indebido, actos anticipados de campaña, financiamiento ilícito o el retiro, destrucción o alteración de la propaganda electoral.
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Ésta podría sancionarse con tres años de prisión o 100 días de multa.
Asimismo, exigen más claridad para quienes compiten por una candidatura para personas afromexicanas, indígenas, de la comunidad LGBTIQ+ o con discapacidad, para frenar la simulación.
Quien no confirme que en verdad pertenece a alguno de esos grupos, indican, podría ser penalizado con tres años de prisión y podría tipificarse como usurpación de acciones afirmativas.
La AMFE demanda endurecer las sanciones por violencia política digital, al añadir como sanción la inhabilitación para ocupar cargos de elección popular o de dirección partidista hasta por 15 años.
Debería existir, consideran, un apartado que establezca puntualmente que la distribución masiva de acordeones, guías de votación o instrucciones predeterminadas, ya sea en físico o por internet, en la elección de juzgadores, será considerada un delito.
Sin embargo no se establece una sanción concreta.
El fiscal electoral de Jalisco, Carlos Rodríguez, afirmó que una vía es considerar los acordeones como “propaganda política electoral”, por lo que se le aplicaría la normatividad correspondiente, y si se presiona a los ciudadanos se considerará “coerción electoral”.
Reconocen que desde el proceso de 2021, la injerencia de funcionarios públicos en procesos electorales es cada vez mayor y buscan evadir la norma, por lo que debe “flexibilizarse su libertad de expresión”.
También proponen que las Fiscalías Electorales realmente sean autónomas, y crear un sistema de coordinación para el intercambio de información.
