Revisará Congreso ‘con lupa’ presupuesto del instituto electoral

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Uno de los aspectos bajo revisión será la forma en que el organismo electoral adjudica sus contratos, para evitar prácticas que favorezcan a proveedores.

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.– El Congreso de Quintana Roo someterá a una revisión estricta el presupuesto de $764.6 millones que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) pretende ejercer durante el próximo año.

Esto, ante los señalamientos por presuntos sobrecostos en la adquisición de material y documentación electoral durante los comicios de 2024.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Sanén Cervantes, advirtió que el Poder Legislativo no aprobará el proyecto presupuestal de manera automática.

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Exigirá que cada partida esté debidamente justificada, particularmente aquellas relacionadas con la contratación de proveedores y los procesos de licitación.

Señaló que uno de los principales aspectos bajo revisión será la forma en que el organismo electoral adjudica sus contratos, con el fin de evitar prácticas que favorezcan a determinados proveedores o propicien precios por encima de los valores del mercado.

Indicó que, una vez que el Congreso reciba formalmente el proyecto aprobado por el Consejo General del Ieqroo, se analizarán los montos solicitados y su correspondencia con las necesidades operativas del instituto, sin descartar ajustes si se detectan partidas que no estén suficientemente sustentadas.

Sanén Cervantes aclaró que no emitirá juicios anticipados a partir de las investigaciones periodísticas difundidas sobre el tema, por lo que esperará los resultados de las revisiones que se realizan a nivel federal.

Sin embargo, sostuvo que, de encontrarse elementos que ameriten una investigación más profunda, se podrá recurrir a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) o a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades.

El diputado consideró indispensable garantizar condiciones de competencia en las licitaciones y evitar que las instituciones dependan de proveedores únicos, pues esta situación puede propiciar costos elevados y limitar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Aunque reconoció la capacidad técnica del Ieqroo para organizar los procesos electorales, puntualizó que ese desempeño no lo exime de rendir cuentas sobre el manejo de su presupuesto.

Advirtió que cualquier irregularidad comprobada comprometería la confianza ciudadana en los organismos públicos locales electorales.

CONTRATOS MILLONARIOS

La postura legislativa se produce después de que una investigación periodística documentara presuntos sobrecostos en la adquisición de documentación y material electoral realizada por el Ieqroo para las elecciones de 2024.

De acuerdo con la información difundida, luego de que una licitación en la que participaron siete empresas fuera declarada desierta, el instituto adjudicó directamente dos contratos por un monto conjunto de 86 millones 70 mil 958 pesos.

Uno de ellos fue otorgado a Litho Formas, por 57 millones 585 mil 906 pesos, y el segundo a Corporativo Zeg, por 28 millones 485 mil 052 pesos.

Ambas compañías han sido vinculadas en la investigación con una red empresarial relacionada con los hermanos Hernández Casillas, que habría obtenido contratos en al menos 11 estados del país por aproximadamente 329 millones de pesos.

Los datos también exponen una diferencia significativa en el costo de los materiales electorales por ciudadano.

En Quintana Roo, el gasto representó 61.47 pesos por cada integrante de una lista nominal de aproximadamente 1.5 millones de votantes.

En contraste, el Instituto Electoral de la Ciudad de México destinó 94.59 millones de pesos a Talleres Gráficos de México para atender una lista nominal de 7.9 millones de ciudadanos, con un costo equivalente a 11.94 pesos por elector.

Esta diferencia coloca bajo escrutinio las decisiones de contratación del organismo quintanarroense y abre interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar los precios de los insumos electorales.

Ahora, la discusión del presupuesto para 2027 pondrá a prueba la capacidad del Congreso para exigir transparencia y rendición de cuentas a una institución que, además de organizar las elecciones, tiene la obligación de garantizar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, legalidad y sin privilegios para proveedores.

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