Denuncian por vía penal irregularidades por $280 millones en la UPAV

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  • Sefiplan presentó cuatro denuncias penales contra exfuncionarios de la UPAV y la fundación encargada de administrar los recursos de la universidad.
JORGE GONZÁLEZ

XALAPA, VER.- La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) presentó cuatro denuncias penales contra ex funcionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y la fundación que administraba los recursos de la institución.

Esto, por presuntas irregularidades financieras que alcanzarían los 280 millones de pesos, informó el titular de la dependencia, Miguel Santiago Reyes Hernández.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, explicó que las investigaciones derivaron de una revisión al esquema mediante el cual se recibían, concentraban y distribuían las aportaciones económicas de los estudiantes, cuyo manejo estaba a cargo de una organización externa.

De acuerdo con Reyes Hernández, la fundación Educación es Primero (Edal) concentraba los ingresos de la universidad y controlaba distintos procesos administrativos.

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Una situación que, afirmó, impedía a la UPAV tener control efectivo sobre sus propios recursos, así como sobre el registro de alumnos y profesores.

El secretario detalló que las aportaciones de los estudiantes eran recibidas por la fundación y posteriormente transferidas a empresas inmobiliarias y a una agencia de publicidad, desde donde se realizaban pagos a los docentes bajo distintos conceptos.

Señaló que este mecanismo habría permitido disponer de aproximadamente 280 millones de pesos sin que existiera una justificación suficiente sobre el destino de los recursos.

Ante esto, se presentaron las denuncias correspondientes para que las autoridades ministeriales investiguen las operaciones financieras y determinen posibles responsabilidades.

Precisó que las denuncias incluyen señalamientos por incumplimiento del deber legal, peculado, defraudación fiscal, posible lavado de dinero y delincuencia organizada. Tres fueron promovidas por Sefiplan y una más por las autoridades de la propia universidad.

El funcionario aseguró que los procedimientos ya fueron ingresados ante las autoridades correspondientes y que el gobierno estatal mantiene colaboración con las fiscalías para aportar información que permita esclarecer el manejo de los recursos.

Durante la revisión administrativa también fueron identificadas inconsistencias en los registros académicos y en los pagos que se solicitaban por los servicios docentes.

Reyes Hernández informó que se detectaron 57 casos de profesores que reportaban cargas de trabajo superiores a las permitidas, incluso con registros de hasta 40 clases durante una sola jornada sabatina.

Como ejemplo, mencionó situaciones de docentes que supuestamente impartían clases en municipios distantes, como Poza Rica y Coatzacoalcos, durante el mismo día, sin que existieran elementos suficientes para acreditar esas actividades.

También señaló que algunos expedientes presentaban documentación incompleta, falta de comprobantes sobre los servicios prestados o inconsistencias respecto al nivel académico requerido para desempeñarse como docentes.

El secretario indicó que la revisión comprendió una plantilla de 4 mil 767 profesores registrados.

De ese universo, 4 mil 562 ya habían recibido sus pagos, mientras que 205 casos permanecían pendientes debido a inconsistencias administrativas o académicas y a la falta de documentación para acreditar los servicios.

El titular de Sefiplan explicó que, tras asumir el control administrativo de la UPAV y retirar la intermediación de la fundación, el Gobierno de Veracruz tuvo que atender compromisos económicos que quedaron pendientes con el personal académico.

Informó que se destinaron 84.2 millones de pesos para cubrir adeudos correspondientes a 2025, además de otros 24 millones de pesos relacionados con obligaciones heredadas de la administración anterior.

Cuestionó que durante años los profesores recibieran sus remuneraciones mediante intermediarios y recibos de honorarios, sin que existiera una relación laboral directa con la universidad que les permitiera acreditar antigüedad y acceder a derechos laborales.

El funcionario sostuvo que la nueva administración busca recuperar el control financiero y administrativo de la institución, así como transparentar el destino de las aportaciones que realizan los estudiantes.

Las denuncias presentadas no representan una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas o empresas señaladas.

Corresponderá a las autoridades ministeriales integrar las investigaciones y establecer si existen elementos para proceder penalmente por los hechos denunciados.

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