- El presidente de la Suprema Corte, ordenó a tres jueces de Zapopan eliminar totalmente las suspensiones contra la reforma judicial de 2024, incluyendo las relacionadas con salarios e inamovilidad.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, ordenó hoy a tres jueces federales de Zapopan eliminar por completo las suspensiones concedidas en amparos contra la reforma judicial de 2024, en particular, en lo relacionado con no disminución de salarios e inamovilidad en el puesto.
Debido a estas suspensiones, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había mantenido, en su petición presupuestal para 2026, los salarios de 3.1 millones de pesos netos anuales para magistrados de Circuito, y 2.9 millones para jueces de Distrito, muy por encima de los 2 millones 73 mil pesos previstos para la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo anterior, en contraste con la propia Corte, donde desde enero los salarios bajaron al mismo nivel de la titular del Ejecutivo.
El Ministro Hugo Aguilar dictó un acuerdo para contestar una consulta del Órgano de Administración Judicial (OAJ), sucesor del CJF, sobre los efectos de la sentencia que la anterior integración de la Corte dictó el pasado 13 de febrero, en la que ordenó revocar las suspensiones relacionadas con el nuevo sistema de elección de jueces.
Las suspensiones derivaron de 550 amparos promovidos en 2024 que fueron concentrados en tres juzgados en Materia Administrativa en Zapopan, y dichos mandatos fueron la razón por la que, en 2025, los salarios de jueces y magistrados se mantuvieron en sus niveles previos.
“Los órganos jurisdiccionales están obligados a revocar las suspensiones concedidas en su totalidad, esto es, respecto de todo acto relacionado con la reforma judicial impugnada, incluyendo aquellos que deriven o que sean consecuencia directa del proceso electoral”, ordenó hoy Aguilar a los tres jueces mencionados.
“Dichos órganos están obligados a acatar la ejecutoria en que se actúa y, en consecuencia, a revocar las suspensiones concedidas en su totalidad, incluyendo los actos que deriven de la reforma judicial reclamada, como son los relacionados con la permanencia en el cargo y la irreductibilidad salarial”, agregó.
Cuando la anterior Corte discutió el tema, quedó la impresión de que sólo se había ordenado revocar las suspensiones en los aspectos que pretendían bloquear las elecciones judiciales de junio pasado.
Pero en la versión por escrito de la sentencia, dictada en la consulta a trámite 3/2024, la mayoría de la Corte estableció que los jueces de amparo eran incompetentes para llevar estas demandas, por tratarse de materia electoral.
“El decreto impugnado conforma un sistema normativo que es indisoluble e interconectado, que gira alrededor de la nueva implementación del proceso electoral mencionado, por lo que no es posible segmentar las normas, ni distinguir porciones normativas a efecto de analizarlas en forma individual”, dice el fallo, en la parte que citó Aguilar para justificar su orden.
El CJF pidió un presupuesto de 74 mil 224 millones de pesos para 2025, mismo que fue rechazado por el OAJ en cuanto inició funciones en septiembre.
A fin de cuentas, la Cámara de Diputados redujo de 85 mil 960 millones a 70 mil 36 millones de pesos la solicitud presupuestal global del PJF, pero no está claro qué parte del recorte correspondió al OAJ.
