- El gobierno federal y los 32 gobernadores aprobaron este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal y los 32 gobernadores aprobaron este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que busca unificar la respuesta institucional frente al único delito de alto impacto que se mantiene en aumento.
La nueva etapa de la estrategia, lanzada desde el pasado julio, fue presentada durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional.
“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión”, afirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Explicó que el acuerdo obliga a armonizar leyes estatales, crear o robustecer unidades especializadas en fiscalías y homologar procedimientos mediante un manual nacional de actuación.
También se reforzará la operación del 089 para mejorar la atención de denuncias.
García Harfuch detalló que, desde el arranque de la estrategia nacional contra la extorsión el seis de julio, se han recibido más de 102 mil llamadas al 089 y han sido detenidas en 22 estados más de 600 personas vinculadas al delito.
Durante la sesión, expuso que la coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales ha permitido más de 38 mil 700 detenciones.
Ha sido por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses del gobierno, así como el aseguramiento de más de 20 mil armas y 311 toneladas de drogas.
El Consejo también revisó avances en profesionalización policial, homologación de academias, certificación de áreas de inteligencia e investigación y actualización de los lineamientos del 911 y 089.
En materia de información, se reportaron nuevas metodologías del Sistema Nacional, incluida la medición diaria del homicidio doloso, la eficiencia ministerial y la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Durante la sesión también se avalaron los criterios de operación de los fondos federales para seguridad y justicia: FASP, Fopisp y Fortamun, con el objetivo de fortalecer capacidades estatales y ordenar la aplicación del gasto.
