- Colectivos promovieron un amparo para frenar el posible desalojo de la comunidad mixteca La Esperanza en Juárez.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Luego de que autoridades del Municipio de Juárez presuntamente amenazaran con desalojar de sus casas a habitantes de la comunidad mixteca La Esperanza, un grupo de colectivos tramitaron un amparo para evitarlo.
Carla Escoffié, una de las abogadas que lleva la defensa del caso,explicó que la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Tania Virginia Neri Borjas, les otorgó una suspensión para impedir que la autoridad desaloje a las nueve familias de sus casas.
Alegó que la comunidad La Esperanza tiene un acuerdo con Fomerrey, el Infonavit y el Municipio de Juárez para ser reubicados en el 2026, pero hasta la fecha no han recibido información clara de su caso.
“Primero se intentó por unos años la opción de que regularicen su situación, ya que como sabemos Nuevo León es un estado que ha tenido una política de regularización de tierras muy fuerte, pero por el hecho de estar cerca de unas torres de electricidad de alto voltaje de la CFE, no fue posible la opción de la regularización de las tierras”.
“Entonces, se optó junto con la comunidad a una alternativa de relocalización”, explicó Escoffié.
La abogada detalló que este proceso se encuentra frenado por parte de las autoridades de Fomerrey, el municipio de Juárez y el Infonavit, quienes no le han brindado una opción viable a los habitantes para conseguir vivienda.
Sin embargo, el pasado 28 de noviembre, alegó Escoffié, llegaron policías de Juárez a decirles que el sábado 6 de diciembre llevarían maquinaria para obligarlos a salir de su vivienda.
“Llegan policías del municipio de Juárez sin una orden judicial, por supuesto, sin que haya un juicio previo o algún tipo de justificación legal para decirles que el día sábado 6 de diciembre iban a ser desalojados, que iba a llegar maquinaria y que iban a arrasar con todo lo que se encuentra en el camino, así que si tenían algo de valor que lo resguarden y se vayan a otra parte”.
Ante esto, los colectivos tramitaron el amparo, que el pasado 12 de diciembre fue admitido por el Juzgado, y en el que también se reclamó la falta de actividad de las autoridades para reubicar a la comunidad.
“Lo que sí preocupa bastante es que el proceso de reubicación está detenido”, alegó Escoffié.
