POR KUKULKAN
SI ALGUIEN pensaba que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las discusiones eran solemnes, templadas y cubiertas por una pátina de serenidad institucional, la sesión de este lunes 19 vino a demostrar lo contrario. Bastó la inclusión de un párrafo —el número 52, para ser exactos— para convertir al Pleno en una olla de presión jurídica, política y, sobre todo, personal.
NO SE DISCUTÍA la liberación de una implicada en el secuestro de Alberto Wallace. Eso ya estaba decidido desde junio de 2025, cuando la extinta Primera Sala concedió amparo liso y llano y ordenó su inmediata libertad. Tampoco se debatía si el recurso de revisión promovido por las fiscalías era procedente: la mayoría coincidía en que no. Lo que realmente encendió la sala fue una herejía conceptual: mencionar, aunque fuera de manera precautoria, la figura de la cosa juzgada fraudulenta.
AHÍ EMPEZÓ la función. El párrafo 52, incrustado como una astilla incómoda en el proyecto de la ministra Lenia Batres, sugería que declarar improcedente el recurso de revisión no cerraba la puerta —al menos teóricamente— a discutir en otro momento si una sentencia firme pudiera haber sido producto de un fraude procesal grave. No afirmaba nada, no resolvía nada, no abría expediente alguno. Pero en la Corte, a veces basta con nombrar al fantasma para que todos se pongan nerviosos…
Y SE PUSIERON. Uno a uno, ministros y ministras tomaron la palabra para marcar distancia del famoso párrafo. “No viene al caso”, “no es el momento”, “no es la litis”, “no está previsto”, “no es necesario”, “es otro debate”. El consenso era abrumador: el proyecto estaba bien… hasta que alguien decidió pensar en voz alta. La ministra Estela Ríos abrió fuego con elegancia quirúrgica: voto a favor del proyecto, sí, pero que se vaya el párrafo incómodo.
EN SU TURNO el ministro Giovanni Figueroa afinó el argumento: la Corte no es tribunal de segunda vuelta de sí misma y meter la cosa juzgada fraudulenta aquí era como sacar un extintor en un simulacro. La ministra Yasmín Esquivel fue más directa: ese párrafo no sólo sobraba, sino que chocaba de frente con la jurisprudencia vigente del propio Pleno. Ortiz Ahlf anunció que el tema merecía su propio escenario, no una nota al pie en una consulta a trámite.
EL MENSAJE era claro: no muevan los cimientos cuando sólo estamos cerrando la puerta. Pero la ministra Batres no estaba dispuesta a retirar la advertencia sin ser escuchada. Para ella, el párrafo 52 no era una provocación sino un salvavidas institucional: dejar constancia de que la Corte, aun respetando la cosa juzgada, no estaba legitimando fraudes procesales ni blindando errores históricos. En un caso que involucra secuestro, delincuencia organizada y armas de uso exclusivo del Ejército, callar —sugirió— también es tomar partido.
Y FUE ENTONCES cuando el debate dejó de ser jurídico para convertirse en procedimental y casi existencial: ¿Puede un Pleno suprimir un párrafo de un proyecto sin cambiar las reglas? ¿Es el proyecto propiedad de quien lo presenta o del órgano que lo vota? ¿Refleja la sentencia la voz de la mayoría o la pluma de la ponente?
EL PLENO se enredó en su propio reglamento como serpiente enredada en sí misma. Unos invocaban el artículo 8 de la Ley Orgánica; otros, la lógica elemental de los órganos colegiados.
HUBO quien habló de inseguridad jurídica, quien habló de precedentes peligrosos y quien, sin decirlo, defendía el territorio simbólico de la autoría. El ministro presidente intentó apagar el incendio con propuestas intermedias: dejar el párrafo, pero consignar que siete ministros no lo compartieron; o regresar el engrose; o dejar constancia en actas; o patear la discusión para otro día. Al final, como suele ocurrir en estos duelos de toga y ego, se impuso la salida menos explosiva: la ministra ponente mantendrá el párrafo, pero el engrose dejará claro que la mayoría no lo avala.
AUNQUE todos ganaron algo, nadie quedó satisfecho. El resultado es una sentencia firme, una consulta resuelta, una cosa juzgada intocada… y un párrafo 52 convertido en símbolo de algo más profundo: el miedo de la Corte a mirarse a sí misma cuando sus decisiones liberan, incomodan o desordenan el relato oficial de la justicia. Porque al final, más que el contenido del párrafo, lo que irritó al Pleno fue la insinuación de que incluso las verdades judiciales más solemnes pueden tener grietas. Y en la Suprema Corte, nada inquieta más que una grieta bien redactada.
